El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. Las consecuencias de esa votación – según muchos la última elección libre y transparente de la era chavista – llevaron a la tragedia que hoy asola a ese país.
Tras obtener la presidencia, Chávez se apresuró a someter la soberanía de Venezuela a los intereses de Cuba. Todos los intentos por contener y revertir la brutalidad del régimen hallaron por respuesta la represión, el encarcelamiento, el hambre y el exilio forzado. Abarcando desde la justicia hasta el órgano electoral, el régimen se hizo del control total e intransigente del Estado, hecho al que los vecinos de Venezuela en América Latina no opusieron resistencia.
Aprovechando el alza de precios del petróleo, el régimen, además de dilapidar, se robó gran parte de esos ingresos extraordinarios. Cuando acabó la bonanza, la presidencia estaba en manos del sucesor designado a dedo por Chávez, Nicolás Maduro. Menos astuto que su mentor, se aferró al poder convirtiéndose en un dictador y sometiendo el país a su voluntad y la de la nomenclatura gobernante. El régimen de Maduro arruinó la economía, destruyó la industria petrolera y empobreció a todos, menos a él mismo y sus cómplices.
El cinismo del régimen venezolano no tiene límites. ¿El alcalde electo de Caracas no es un bolivariano? Pues se crea un cargo por encima de aquel y se designa a un oficialista incondicional. ¿La oposición obtiene dos tercios de la Asamblea Nacional? Pues el consejo electoral “elige” una “asamblea constituyente” de “patriotas”, mientras se desvirtúa a la oposición fracturando a su dirigencia y creando un falso grupo opositor.
¿Los ciudadanos demandan un referendo para revocar al presidente? Pues se los ignora. ¿Se quejan de la pobreza, el crimen, la enfermedad, la violencia y la falta de oportunidades económicas? Pues se culpa a Estados Unidos por librar una “guerra económica”. ¿Protestan en las calles? Pues se los reprime a tiros. Pero sobre todo, jamás se admite que hay una grave crisis y se rechaza la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia.
Mientras los venezolanos escarban la basura en busca de comida, el régimen incumple sus obligaciones internacionales y amenaza a sus vecinos, socavándoles también sus instituciones y procesos democráticos. Y obviamente, pese a la creciente y cada vez más documentada brutalidad del régimen de Maduro, ni un solo político, soldado, policía, miliciano o “vigilante” paramilitar ha sido acusado, enjuiciado o condenado por crimen alguno.
El dictador que ordena disparar contra su propio pueblo se aferra desesperadamente al poder porque sabe que su derrocamiento implica la muerte o el exilio permanente en Cuba o Rusia. Por eso, que a nadie engañen las periódicas ofertas de “apertura democrática” del régimen. La elección presidencial del mes entrante, por ejemplo, no es sino una farsa que intenta recuperar legitimidad y aceptación internacional; aunque se permitirán candidatos opositores, ninguno es visto como una amenaza a Maduro. Lo mismo vale del llamado del régimen a negociaciones: el “diálogo” entre el gobierno y la oposición sólo busca ganar tiempo, dividir a la oposición y desmoralizar a la población.
Es evidente que al régimen no le interesa el debate abierto. Por el contrario, con encuestas que indican que el 80% del electorado desaprueba el liderazgo de Maduro, el gobierno expulsa a sus enemigos y se encierra cada vez más. Unos 550 000 venezolanos han huido a la vecina Colombia. Cientos de miles huyen también a Argentina, Chile, Brasil, Perú y otros países, lo que genera graves desafíos humanitarios. Ninguno se fue a Cuba, y muy pocos a Bolivia o Nicaragua. A los activistas más vehementes decididos a quedarse les aguarda la detención. El muy venezolano “socialismo del siglo XXI” hoy tiene en sus cárceles a más de 230 prisioneros políticos.
La crisis que ha generado comienza a plantear una amenaza al propio régimen y a sus líderes. Desde la llegada de Maduro a la presidencia en abril de 2013, los venezolanos han perdido el 96% del poder adquisitivo; la indignación de la población puede convertirse en revuelta total en cualquier momento. Las sanciones impuestas por Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y Panamá también comienzan a hacer efecto, y si todavía el régimen piensa que el mundo lo ha olvidado, una investigación acelerada de la Corte Penal Internacional de las múltiples acusaciones de crímenes de lesa humanidad le recuerda que no es el caso.
Pero las penurias que padecen los venezolanos tras una generación de dominación chavista continúan. Tomando como modelo el guión de los hermanos Castro en Cuba, el régimen de Maduro parte del supuesto de que solo puede sobrevivir aplastando la voluntad del pueblo. Si lo logra, no será la democracia venezolana la única víctima. China, Irán, Rusia y Corea del Norte (países que hace mucho dan apoyo económico y militar a Venezuela) buscarán extender su presencia en la región, creando una fuente permanente de tensión estratégica, que incluso puede abrirle la puerta al terrorismo y a la proliferación nuclear.
Los líderes de las Américas hoy tienen una oportunidad de acabar con la impunidad de Maduro y restaurar la estabilidad y seguridad regional. La situación de Venezuela será un tema principal de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima los días 13 y 14 de abril. La invitación a Maduro para asistir a la reunión fue cancelada. Ante la respuesta extremadamente débil de los países latinoamericanos a la crisis venezolana, que sólo perpetuó el sufrimiento, es necesario que en la cumbre se tomen medidas audaces y decididas en contra de la corrupta y peligrosa dictadura de Maduro.
Ya no hay excusas para el silencio. El sometimiento incondicional de Maduro al nefasto legado de Chávez constituye hoy una amenaza de peso para la estabilidad regional. Llamémoslo auto-interés iluminado o realismo político: para América Latina, el único modo de detener la tragedia humanitaria y prevenir que se extienda es enterrar de una vez y para siempre el fantasma del fracasado socialismo del siglo XXI.
Traducción: Esteban Flamini
Publicado originalmente en Project Syndicate
Enrique ter Horst, ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en El Salvador y Haití, fue Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hugo Palma, ex Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, es Presidente del Consejo Peruano de Relaciones Internacionales.