Duda no cabe que la presencia de 107 diputados, incluidos dos del llamado “polo patriótico” en la sesión de la Cámara de Diputados, más que suficiente para darle consideración al antejuicio de mérito votado por el TSJ Legítimo , hoy sesionando fuera del territorio patrio, nacidos estos magistrados de la soberanía popular, que profirieran sin susceptibilidad de pruebas, el antejuicio de méritos de Nicolás Maduro, actual presidente de la República, también nominado como candidato presidencial a participar en la elecciones que él mismo convocó para el 20 de mayo de 2018, decisión con argumentos legales y referencias abrumadoras que han hecho convicción por, cuanto tal sentencia, hace valer una resolución de extraordinaria proporciones, cual sometido a la consulta de Asamblea nacional con fecha 17-04-2018; al contar con su apoyo marcó un hito histórico con asiento de obediencia para el futuro desenvolvimiento de esta rama del Poder Público, cuya autoridad se le ha hecho hasta ahora ineficaz, por usurpación del poder ejecutivo.
La Asamblea Nacional, sesionando en forma unicameral, dado su composición, para aprobar la petición del TSJ de enjuiciamiento al presidente Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción asociados al escándalo Odebretch, mediante una votación de 105 votos a favor, declaró que existen méritos para continuar juicio contra Maduro. No hubo pues vacilación en la valoración de las pruebas que hicieran convicción para la imputación de la responsabilidad delictual en el que incurrió el presidente cuestionado.
La Asamblea Nacional demostró en el caso de marra, que de conformidad con lo pautado en la Constitución encontró los elementos probatorios, que le permiten solicitar del Poder Ciudadano el intentar las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad de tan alto funcionario , a la vez que se dé por entendido; que no existen dos Tribunales Supremos de Justicia ni dos Fiscales general de la Nación; que los legítimos para ejercitarse como magistrados del TSJ son los que profirieron sentencias en el exilio y la fiscal legítima quien ejerce sus funciones en condiciones perversas iguales a los magistrados que solicitaron enjuiciamiento, no es otra que la perseguida Luisa Ortega Díaz.
La valorada decisión, sin duda alguna goza del respaldo mayoritario de la oposición, quien fuerza a sus componentes a reiterar lo declarado en el VIII Cumbre de las Américas, cual no es otro que mantener con seriedad, sin debilidad alguna, que los actos jurídicos que requieren de autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando esta los haya aprobado.
Respeto y respaldo la consideración del parlamento al votar como enjuiciable al entredicho Maduro, lo que es más; he de reconocer el comportamiento juicioso y ponderado de su actual presidente, sin dudar lo que ha dicho: “los amigos del Gobierno utilizan testaferro para tapar la corrupción”; pero me toca insistir por haberlo aprendido en la lucha por la democracia llevada a cabo por el maestro JÓVITO VILLABA, que: “Dos sistemas buscan el predominio del mundo. Uno de estos sistemas consiste en la libre discusión de las ideas, en la exposición del pensamiento sin ventajas a favor de la oposición ni del gobierno, en la información plena del pueblo soberano: este es el sistema democrático. Y frente a este sistema se levanta otro, que es el viejo sistema venezolano: el del gobierno que tiene todas las ventajas y la oposición que tiene todos los males, el gobierno que utiliza los fondos públicos con fines partidista y que luego al cabo de una falsa preparación del ejercicio del voto, llama al pueblo a las urnas electorales para que el pueblo concurra a ellas como pieza o como bestia de matadero, no a cumplir conscientemente su derecho de decidir sobre el destino de la nación, sino a servir de instrumento una vez más al ánimo de opresión y de dominio del Gobierno, del hombre o del grupo que ejerce el poder”. Fin de la cita.
Como dirigente político ubicado en el campo de la representación proporcional de las minorías adversas al actual gobierno autoritario de mayoría militar en servicio activo no tengo por qué omitir que la actual AN, por ser evidente, en reiteradas oportunidades se ha olvidado que la Constitución al dar por sentado el significado de la “SOBERANÍA”, no interpreta que su ejercicio se hace a través de los partidos políticos , sino que reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en el instrumento constitucional. No ejerce esa soberanía a través de los partidos políticos .El partido es más que sabido representa una limitación para la voluntad del elector, que hace suponer que no es libre el que dice que vota por la plancha de un partido político aceptando todos los integrantes de esa plancha, lo que no es más que una elección en la que no está en juego la representación proporcional de las minorías.
El paso dado por la Asamblea nacional al considerar la resolución del TSJ, legitimo con despacho en el exilio, debe entenderse como un paso hacia adelante, para evitar las peleas entre iguales: para que se imponga la concienciación ciudadana; para unir a los venezolanos; para que todos seamos primeros entre nuestros iguales; para evitar composturas vanidosas; para darle paso a la reconciliación nacional; para hacer urgente un llamado unitario con fuerza de voluntad popular organizada; para llevar a cabo un proceso de elecciones presidenciales, justas, transparentes y democrática, sin presos políticos; que la dirección política de la oposición no sea el acomodo de los que han hechos de la política un medio de satisfacción personal, que siguiendo el ejemplo de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de noviembre el año 1952 se consolide la unidad del pueblo a través de la conformación de un gran Frente de Concentración nacional.
El debate sobre la conformación del Frente de Unidad implorado, no puede ser objeto de restructuración para el acomodo de conveniencias de partidos, sería contrario a la soberanía. La MUD nos fuerza a reconocer que no ha definido política satisfactoria alguna: pregona la abstención; pero no define línea de orientación en las elecciones pautadas para el 20 de mayo, parece más preocupada a la itinerantica internacional que por los problemas domésticos. La soberanía merece ser respetada y fortalecida.
RAFAEL RODRÍGUEZ MUDARRA, abogado, político, presidente de URD.