Espacio Público, la asociación civil que promueve y defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios, denunció en su reporte anual que en el año 2017 se registraron más de mil ataques a la libertad de expresión según sus informes.
“Se documentó más de mil ataques a libertad de expresión en 2017. 54 emisoras fueron cerradas, 13 sitios web informativos fueron atacados o bloqueados y ocho Canales de televisión fueron sacados del aire“, denunció el comunicador social Carlos Correa, director de Espacio Público.
También manifestaron que solamente en el 2018 van nueve medios que se han visto afectados por la escasez de recursos y que esta situación se esta presentando desde el año 2013.
“En el 2018 unos nueve medios se han visto afectados por la escasez de recursos, cuatro de ellos de forma indefinida. La situación se presenta desde el 2013 cuando el Gobierno monopoliza la venta de papel prensa e insumos”, dijo Rafael Chavero, abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Sin embargo, Marysabel Rodríguez aclaró que esta censura también está ligada a la crisis económica que atraviesa Venezuela. “Las afectaciones son complejas porque no sólo se limitan a la salida, algunos medios son duramente golpeados por la crisis económica”.
A su vez, Correa explicó que “desde hace cinco años descubrimos que la producción de los medios impresos se redujo a un 20% de lo que era”, y sentenció que “hay una política estatal discriminatoria en contra de los medios libres e independientes”.
Ley contra el Odio, su arma de censura
Según el Director de esta Organización, la Ley contra el Odio, creada por la constituyente cubana, tiene una única intención, que es: “generar intimidación en los periodistas”.
Además, aclararon que la mayoría de las detenciones a periodistas y ciudadanos que informan, han sido realizadas violando el debido proceso.
“La gran mayoría de las detenciones por esta ‘ley’ han sido violando el debido proceso y buscan atacar al enemigo político”, aseveró Chavero
Pero pidieron no desistir ni impedir que el miedo frene a los ciudadanos a denunciar estas irregularidades, ya que para ellos es un “elemento a valorar” que los empleados públicos alcen su voz en contra de estos atropellos.
“Sobre el miedo, es importante recordar que hoy día los funcionarios y empleados públicos están denunciando la crisis, es un elemento a valorar”, indicó Ricardo Rosales, defensor de los derechos humanos.