Si algo le queda claro a los privados de libertad y a sus familiares es que al Gobierno venezolano le importa poco cuáles son sus necesidades. Y es que, aunado a la crisis económica, que atraviesa su peor momento, al hacinamiento, a la desidia y a un montón de problemas que aqueja a la población reclusa, ahora los deudos tienen que sacar dinero de donde no tienen para comprarles uniformes y otros objetos que les exige el Ministerio de Servicios Penitenciario, denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Nota de Prensa
Humberto Prado, director del OVP, denunció que tras perpetrarse la masacre del 15 de agosto de 2017 en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), donde fallecieron 37 reclusos durante una requisa perpetrada por las Fuerzas Armadas y grupos especiales del Estado venezolano, la ministra Iris Varela resolvió trasladar a la población de este penal hasta el Internado de San Fernando de Apure.
En ese entonces, los familiares se mostraron angustiados porque no contaban con los recursos económicos para trasladarse a otro estado. Obviamente el Gobierno les prometió traslados gratuitos hasta el penal, entre otras cosas para calmar las aguas, pero la ayuda nunca llegó y muchas madres se vieron obligadas a dejar a sus hijos a merced del hambre y el abandono.
Ahora, meses después de ese primer traslado, más de 500 presos fueron nuevamente trasladados hacia Guárico y Barinas. Esto después de que la ministra Varela ordenara el desalojo del Internado para evitar “incidentes de inseguridad”.
“Últimamente se empezaron a registrar aquí algunos incidentes de inseguridad, pretendían utilizar estas instalaciones para extorsionar al pueblo de San Fernando. Se trata de combatir mafias penitenciarias”, acotó la ministra que en ningún momento escuchó las plegarias de los deudos, quienes simplemente no tienen dinero para trasladarse de un sitio a otro.
Por si fuera poco, a los familiares les entregaron una lista de objetos que deben llevarle a los presos, o de lo contrario podrían ser trasladados a otros penales aún más lejanos. El detalle a continuación:
Agua mineral (máximo 5 litros).
Una comida preparada (sin hueso o espina). En este caso piden una comida por cada visitante más la del privado de libertad, los cuales deben estar depositados en un envase de plástico o anime.
Un refresco o jugo de 2 litros.
Una poción de postre.
2 franelas de color amarillo.
2 shorts de color amarillo.
2 pantalones deportivos de color amarillo.
Un par de zapatos deportivos de color negro y sin trenzas.
Un par de chancletas plásticas.
3 pares de medias blancas.
3 boxers de color claro.
Una toalla de baño de color claro.
Una colchoneta sin resorte.
Un juego de sabanas de color claro.
Crema dental.
Un cepillo dental.
Un desodorante.
2 jabones de baño.
Un champú.
“Un uniforme no hace la diferencia ni logra la reinserción de los privados de libertad en sociedad. En vez de fortalecer el sistema carcelario eliminan las cárceles. Los reclusos de Venezuela deberían estar sembrando ¿Por qué no están trabajando, por qué no elaboran uniformes para policías o por qué no se dedican a la carpintería, ganadería o artesanía?”, sentenció Prado.
Cabe destacar que según la data del Presupuesto 2017, asignado al ministerio de Servicios Penitenciarios, un total de 2.608.506.289 bolívares fueron otorgados para la compra de uniformes para 167.000 reclusos. Entonces ¿Cómo se justifica que los familiares deban comprar los uniformes cuando hay un presupuesto asignado para esto?
“No solo estigmatizan a los privados de libertad con el uso de un uniforme, con el que los ponen a limpiar las calles y además con la cabeza rapada, sino que también obligan a sus familiares a comprarlos. Es un descaro, aunque no nos sorprende y es una raya más para la crisis del sistema penitenciario, la cual evidentemente no saben cómo solucionar”, puntualizó el director del OVP.