La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, reconoció hoy a Efe que las organizaciones no gubernamentales están preocupadas por la tregua alcanzada en Nicaragua, pues el Estado admite con este compromiso que dispone de grupos de choque.
“Nos preocupa. Este término, tregua, quiere decir que hay dos bandos en igualdad de condiciones y que hay enfrentamientos entre dos bandos en igualdad de medios para la violencia y eso no es lo que está pasando en este país”, aseguró la experta, y agregó que es el Estado es el que tiene “todos los medios” para ejercer la represión.
La población, los manifestantes que salen a la calle para exigir la renuncia del presidente, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, desde hace un mes, se defienden “a lo sumo con piedras”, por lo que a su juicio los bandos son los que se defiende con su voz y las autoridades, que utilizan el poder.
Pero lo que Aguiluz destaca de esta tregua, alcanzada el viernes durante la segunda sesión del diálogo nacional, es el reconocimiento que hace el Gobierno a que posee fuerzas de choque: “Queda claro que el Estado controla la Policía y tiene grupos paramilitares que hacen muchos estragos”.
La directora del Cejil, una organización no gubernamental y sin fines de lucro fundada por destacados defensores y activistas del continente para velar por las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, dijo que continúan “vigilantes y expectantes” del diálogo y que esperan resultados, aunque admitió que hay problemas desde el inicio.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que acompaña a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Nicaragua, recordó que están siendo días “intensos” y de mucho trabajo, pues “centenares de personas están queriendo ser escuchadas” y hacen grandes filas para poner su denuncia.
Este sábado, en una visita a la ciudad de Masaya, considerada la cuna del sandinismo y uno de los bastiones de este Gobierno con su barrio indígena de Monimbo a la cabeza, hubo una “multitud” que exigía “al unísono” Justicia, pues están desesperados para que alguien independiente escuche sus demandas.
“La expectativa es bastante amplia”, agregó la directora, quien espera, igual que otras organizaciones, que la Comisión pueda brindar unas recomendaciones que estén “a la altura de las circunstancias” en un país en el que “falta” institucionalidad y una asesoría normal no es suficiente.
“Hay testimonios desgarradores. Jóvenes que estaban en las protestas y que fueron asesinados. Otros heridos, que han perdido hasta sus ojos. Es impresionante el ciclo de violencia con el que se ha tratado a la población”, proclama, pero también se muestra sorprendida por la “fortaleza” de la gente para denunciar a pesar del miedo a las represiones.
A su juicio, la ciudadanía está consciente de que “no se puede dar marcha atrás” y tiene unas expectativas “elevadísimas” en la visita de la Comisión, una “luz de esperanza” que implica “una gran responsabilidad”, por lo que sería “muy desmotivante” que baje su nivel a la hora de hacer sus recomendaciones con el objetivo de poder aspirar a otra visita.
Al final, continuó, fue la gente, “el pueblo levantado”, el que logró que el Estado permitiera su entrada después de 26 años sin hacer una visita, por lo que ahora tiene la obligación de decir lo que pasa sin suavizar su lenguaje, sino la población pensará que han sido “cooptados por el Estado”.
Nicaragua cumple hoy 32 días de una crisis que ha dejado entre 61 y 65 muertos, según cifras de organizaciones humanitarias.
La crisis incluye multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, que comenzaron con protestas en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.
EFE