Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, advirtió que la elección presidencial del pasado 20 de mayo colocó a los electores como, “víctimas de la extorsión y la oferta engañosa” del candidato a la reelección Nicolás Maduro, cuando dijo que daría 10 millones de bolívares y cajas de Clap a todos aquellos que acudieran a votar.
Nota de prensa
Señaló que Maduro se aprovechó de forma descarada del hambre de un pueblo sumergido en una verdadera “tortura estomacal” justo en medio de un proceso electoral cuestionado por la mayoría de los votantes. “Este señor lanzó una oferta a todas luces criminal, valiéndose de todas las calamidades que pueda soportar pueblo alguno para obtener el voto a través de la captura de conciencias por dinero”.
Enfatizó que las acciones de Nicolás Maduro quedaron enmarcadas en un delito que profana la soberanía popular. “El peculado de Maduro es más grave que un homicidio porque intentó asesinar la libertad y la autonomía del elector, quien dirime los conflictos a través del voto directo y secreto, por el deseo mezquino de mantenerse en el poder”.
Enfatizó en que urge la necesidad que de los poderes públicos se pronuncien y hagan valer su independencia y autonomía de poder. “Hay que colocarle cuando antes un freno al ventajismo y a un sistema electoral amañado donde el Plan República sustituye al Consejo Nacional Electoral”.
Para el jurista, lo ocurrido el pasado domingo es un, “genocidio electoral y asociación para delinquir” por lo que llamó que inicie una investigación en el más corto plazo. “Es inaceptable que este mal gobierno siga riéndose del sufrimiento del venezolano por la falta de comida, por hambre y de quienes se ven obligados a comer de la basura por la obsesión de eternizarse en el poder”.