La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en el que se solicita la pronta liberación de los presos políticos civiles y militares del país que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales, y asimismo, demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de los Derechos Humanos de dichos ciudadanos, pues éstos están siendo víctimas de graves tratos crueles y torturas.
Nota de Prensa
El texto de dicho acuerdo fue presentado por el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda) y el mismo contempla que nuestra Fuerza Armada Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene el deber, como institución esencialmente profesional y sin militancia política, de garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, así como defender la República y la Carta Magna.
También refiere que en los últimos años se ha llevado a cabo la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, pues ésta ha sido empleada como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad de la República, y además se ha privado a la familia militar venezolana de elementos básicos para garantizar su bienestar y calidad de vida.
Asimismo establece que los miembros de la Fuerza Armada de nuestro país, al ser ciudadanos venezolanos, gozan plenamente de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados y protegidos por el Estado.
Establece que desde enero de 2018 se ha generado una desmedida persecución hacia cientos de civiles y militares que han manifestado sus convicciones republicanas y sus posiciones contrarias a las políticas que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro y que ha generado la grave crisis humanitaria que hoy agobia a la Nación.
Señala el texto que de acuerdo a información recabada por Organizaciones No Gubernamentales en materia de Derechos Humanos, en lo que va de 2018 el régimen de Maduro ha detenido arbitrariamente a más de un centenar de Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y miembros de la Tropa Profesional, en un acto de hostigamiento desmesurado hacia los miembros de la Fuerza Armada venezolana.
Asimismo, de acuerdo a información recibida por este Parlamento, por parte de diversas fuentes vinculadas a estos casos, los miembros de la familia militar previamente señalados han sido injustamente procesados, pues se les han violado sus derechos humanos, así como su derecho al debido proceso, siendo sometidos a tratos crueles y torturas.
En el acuerdo se exige la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales, y, asimismo, demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de los Derechos Humanos de dichos ciudadanos, pues éstos están siendo víctimas de graves tratos crueles y torturas.
Igualmente exigen al ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, que de forma expedita dé respuesta a esta Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela sobre la situación de persecución política perpetrada contra miembros de la Fuerza Armada Nacional durante las últimas semanas.
Se responsabiliza al Alto Mando Militar por la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso de los mismos.
Se plantea abrir una investigación de manera inmediata al Director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), General Iván Hernández Dala, al Jefe de Investigaciones del organismo, Coronel José Franco Quintero y su cadena de mano, tanto en la Asamblea Nacional como en las respectivas instancias internacionales, por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los Derechos Humanos de decenas de presos políticos.
Solidarizarse con todos los miembros de la familia militar cuya actuación ha procurado el cumplimiento de nuestra Constitución, así como el rechazo a las violaciones de sus derechos constitucionales que han sido perpetradas en el marco de la persecución política emprendida en su contra, así como garantizar que desde este Parlamento se continuará dando exhaustivo acompañamiento a cada caso de esta índole.
Se acuerda hacer llegar este documento y las denuncias recabadas a la fecha a instancias internacionales en conjunto con sus familiares y abogados, así como solicitar la solidaridad y apoyo de las mismas ante tan delicada situación.
Igualmente se remite copia del presente acuerdo a todos los componentes y niveles de nuestra Fuerza Armada Nacional, en aras de hacer llegar el acompañamiento del Poder Legislativo y del pueblo de Venezuela a la situación de nuestra institución castrense.
El diputado Casela, dijo que la persecución política destroza la organización democrática destruyendo a la república y a sus instituciones, se usa el miedo como mecanismo de control social afectando no solo a los detenidos sino a todos los venezolanos.
Aseguró que el alto mando militar persigue a los militares en ocasiones por elevar la voz en contra de políticas que van en perjuicio del pueblo a pesar de que la Constitución contempla la libre participación.
Señaló que hoy el más atroz quiebre moral divide a la sociedad en dos toletes, una unión cívico militar enchufada que goza de privilegios y beneficios y otra que sufre la escasez de alimentos y medicinas, “hoy los hospitales militares sufren escasez de medicamentos, insumos y eso incide en la merma de personas que quieren formar parte de la FAN”.
Se inclinó a favor de que la AN investigue la violación de derechos humanos tortura y tratos crueles denunciada por familiares de presos civiles y militares.
Por su parte, el diputado Luis Barragan, dijo que lo que está pasando en Venezuela, por órdenes de La Habana, apunta a la destrucción de la institución castrense, actualmente ésta vive de la detención arbitraria, injusta de oficiales de alto y bajo rango, subalternos sin que el país conozca los delitos que supuestamente se le imputan.
La AN debe solidarizarse con esos oficiales que hoy son detenidos, que están bajo la tortura de las rejas.”Esos oficiales no están solos, nosotros estamos con ellos y también los 14 de millones de venezolanos que apoyaron la elección de los diputados”.
Agregó que la lucha de los oficiales está centrada por la institución y la institucionalidad y cada una debe asumir el rol que le corresponde tal como lo establece la Constitución. Dijo que la AN tiene el deber de legislar sobre los asensos para que cuando haya el cambio en el país se haga justicia con los militares.
El diputado Julio César Moreno, dijo que la represión ha sido la constante en este régimen y se agudiza en la medida que va perdiendo apoyo. Recordó que en el año 2015 la oposición ganó la AN y luego “se vio la represión que se hizo con nosotros para impedir el trabajo legislativo y el pueblo nos apoyó”.
Señaló que deben exigirle al gobierno conocer las condiciones de los detenidos, que sus familiares tengan acceso a visitarlos. El presidente de la Comisión de Defensa, diputado Edgar Zambrano, destacó que el fracaso del modelo político de Venezuela hace rato tocó puerta en sus cuarteles en todos sus componentes. “La familia militar sufre el drama de las carencias permanente de todos los servicios, de alimentos.”
Destacó que entre los delitos de los que acusan a algunos de los militares detenidos son traición a la patria, motín, rebelión militar y algunos son señalados por el Sebin.
El diputado resaltó que hay muchos civiles detenidos que han sido juzgados por la jurisdicción militar, entre ellos el diputado Gilber Caro a quien le violaron la inmunidad parlamentaria ante el silencio cómplice de quienes deben defender una institución.
Dijo que en este momento hay muchos venezolanos prisioneros y sus familiares desconocen dónde se encuentran, ellos presumen dónde están y permanecen en vigilia a las puertas del Sebin y de las cárceles.
Manifestó que entre los detenidos hay mayores, generales de división, general de brigada de los diferentes componentes de la Marina, la Aviación del Ejército y la Guardia Nacional, la mayoría de las detenciones de las últimas horas con personas preparadas para operaciones especiales, a unos los acusa el G-2 cubano.