Un movimiento antigubernamental sacude Nicaragua desde el 18 de abril. Las autoridades han reprimido con contundencia las protestas, enfrentamientos que han dejado cerca de 100 muertos y cientos de heridos.
Las protestas se desataron por las reformas del gobierno, ya retiradas, para tratar de sacar al sistema de seguridad social del borde de la quiebra.
Pero los disturbios se expandieron rápidamente, en una muestra de rechazo por parte de muchos nicaragüenses al presidente Daniel Ortega, criticado por autocrático.
Ortega, exlíder guerrillero de la revolución sandinista, ostentó la presidencia desde 1979 hasta 1990, y volvió al cargo en 2007.
Su esposa, Rosario Murillo, es vicepresidenta y varios de los hijos de la pareja tienen cargos estratégicos.
– Reforma de las pensiones controvertida –
El gobierno nicaragüense presentó el 18 de abril un plan para incrementar la cuota que trabajadores y empresas aportan a la seguridad social, mientras reducía un 5% los beneficios, tal y como le recomendaba el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En varias ciudades, los estudiantes encabezan protestas que claman con furia contra el plan. Las manifestaciones se prolongan varios días y las autoridades las reprimen con dureza.
El 22 de abril, Ortega desecha la reforma de las pensiones, en un intento de poner fin a las protestas, que ya entonces habían dejado 25 muertos en cinco días, marcados por los disturbios y los saqueos.
– Ortega, bajo presión –
Pero el retiro de la reforma no consigue apaciguar las protestas.
Decenas de miles de manifestantes, entre ellos trabajadores, estudiantes, campesinos y empresarios, toman el 23 de abril las calles de la capital, Managua, pidiendo el fin de la represión y, algunos, la dimisión de Ortega.
La ONU, un día después, llama a Nicaragua para impulsar “investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y transparentes sobre las muertes”, y asegura que algunos fallecimientos pueden haber sido “ilegales”.
– Diálogo tenso –
Mientras aumenta la intensidad de las protestas, el Ejército se distancia de Ortega el 12 de mayo, y asegura que va a impedir que la gente tome parte en las protestas.
El 16 de mayo, se abre un tenso diálogo mediado por la Iglesia católica entre Ortega y los grupos opositores, mientras la cifra de muertos llega a 58.
La Iglesia suspende las conversaciones después de una semana debido a que “no hay consenso entre las partes”. El número de fallecidos asciende a 76.
Gobierno y oposición acuerdan reanudar las conversaciones. Sin embargo, un día después la patronal abandona a Ortega. La organización empresarial COSEP pide a sus representantes que dejen inmediatamente sus cargos en el Estado y sus empresas.
Amnistía Internacional acusa a Nicaragua de usar grupos paramilitares para acabar con las manifestaciones.
El influyente empresario y hombre más rico de Nicaragua, Carlos Pellas, pide adelantar las elecciones.
El presidente promete no dimitir. Los últimos disturbios entre partidarios y oponentes de Ortega aumenta la cifra de muertos a 98.