El pasado 29 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un extenso informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro. En este documento y otros anteriores han sido claves los aportes de la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, que se encargó de sustanciar muchos de los casos, de manera que tengan la validez que exigen los tribunales competentes, en este caso la Corte Penal Internacional de La Haya. Todo indica que los torturadores venezolanos están en un callejón sin escapatoria: tendrán que rendir cuenta por sus acciones. Así lo reseña alnavio.com
Por Nelson Rivera
Entre el 30 de mayo de 2016 y el 25 de septiembre de 2017, la Organización de Estados Americanos -OEA- ha publicado cuatro informes sobre Venezuela. Son, posiblemente, los más sustentados y rigurosos documentos publicados en los últimos años sobre la situación venezolana. Aunque tienen un carácter institucional, resulta inocultable la impronta del rigor y la sensibilidad de Luis Almagro, quien desde mayo de 2015 se desempeña como secretario general. Entre los 11 secretarios generales que ha tenido el organismo, desde su creación en abril de 1948, ninguno ha puesto el foco de modo tan firme y persistente en el tema de los DDHH como Almagro.
Un año después de tomar posesión del cargo, en mayo de 2016, Almagro sorprendió a la comunidad internacional con su detallado Informe sobre Venezuela. Sobre el fondo de la Carta Democrática Interamericana, el texto denuncia “la alteración del orden constitucional”. Entonces quedó fijado el que cabe llamar ‘el tono Almagro’: páginas y páginas de hechos, datos, testimonios y fuentes, es decir, pruebas que sustentan las afirmaciones más graves. Este primer informe constituye una completa y versátil recopilación de información sobre el estado del hambre, la enfermedad, la corrupción, el funcionamiento del Poder Judicial y la destrucción de las libertades democráticas.
El Segundo Informe, de mayo de 2017 -fecha en que estaban en pleno auge las protestas en Venezuela-, destaca que las gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Venezuela no han dado resultados, y propone la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Una sección significativa del mismo está dedicada a la tortura, y tiene como su fuente principal la información aportada por el Instituto Casla, dirigido por la abogada venezolana y especialista en derechos humanos Tamara Sujú.
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