La libertad y la democracia son dos conceptos profundamente afines que expresan su relación en la praxis política. En términos exactos, la libertad política desconoce toda pretensión del ejercicio del poder que descanse en la arbitrariedad; en su lugar, parte por considerar la necesidad de asegurar un poder legal, esto es, una estructura constitucional robusta donde el ejercicio del poder pueda estar limitado por normas, estatutos y procedimientos que regulen el comportamiento de los ciudadanos, sobre la base del principio de la igualdad de todos ante la ley.
Esto significa, entonces, que la libertad política enfrenta el atropello de cualquier vestigio de dominación, y reposa sobre el ideal que asume como elemento indispensable limitar el poder con base en el principio constitucional. Sólo el ciudadano puede ser libre siempre que deba su obediencia exclusivamente a la autoridad de la ley y en el contexto de las leyes, y no a los hombres. En este orden, cuando se declara que democracia y libertad son indisolubles, se entiende que sólo hay una forma para instaurar un orden político emancipado: principalmente, sobre el supuesto de la despersonalización de las instituciones y la noción de empoderamiento ciudadano, donde es el individuo quien define por sí mismo, y con base en sus convicciones, su destino y el de su comunidad sin ninguna fuerza externa a él que lo pueda contener.
Sin embargo, una mirada a la realidad política venezolana muestra la brecha entre el deber ser y lo que ocurre en las interacciones entre los distintos actores que hacen vida en la dinámica socio-política, propiamente. Las relaciones entre la clase política y los ciudadanos gobernados parecen estar sumidas en la ausencia del respeto a la libertad y a las libertades. Y es que, justamente, no sólo se puede hablar del cumplimiento de estas últimas dos condiciones por el hecho de que no haya interferencia externa en la voluntad ciudadana, puesto que implica el sometimiento a la ley tanto por parte de los gobernados como también por parte de los gobernantes.
Estas consideraciones previas plantean, entonces, la probabilidad de que se hable de la libertad política en un sistema de gobierno, pero sólo nominalmente, y sobre la base de un modelo de dependencia, donde el ciudadano puede llegar a ser presa de la constricción de su misma voluntad. Efectivamente, el régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por transgredir los principios constitucionales, y hacer más dependientes a los individuos, apoyándose en una forma de hacer política que recurre a las necesidades fundamentales de la sociedad para chantajear, manipular y comprar las consciencias.
Este Gobierno es la negación de la noción de la libertad en su esencia. Se trata de un régimen político que persigue, secuestra y encarcela sólo por el hecho de pensar distinto, o por aspirar a vivir en un ambiente de mayor progreso y seguridad. Lo ocurrido el pasado fin de semana con la liberación de una decena de presos políticos, lejos de mostrar a Maduro decidido a aplicar una política de “pacificación” de la sociedad, como resultado de los altos niveles de tensiones y polarización interna, en realidad muestra a un régimen desesperado que reconoce que sí privó a centenares de ciudadanos su derecho a la libertad, y que ahora se hace ver sumiso por temor a que se incremente el grado de aislamiento internacional que su política errónea ha generado.
La comunidad internacional es testigo de la forma de hacer política de un régimen autoritario que se niega a rectificar. Sencillamente no se puede agradecer por algo que es un derecho, y menos si se trabaja mediáticamente desde el chantaje. El caso curioso es que este Gobierno no sólo deberá lidiar a partir de ahora con el bagaje de detractores que lo rodean a nivel internacional, sumándole la multiplicidad de sectores de la sociedad civil que ven hoy en día sus derechos fundamentales vulnerados, ya que también deberá enfrentar a los sectores más radicales del chavismo no madurista que hacen una lectura poco complaciente de los últimos acontecimientos; quienes al final evalúan la supuesta política “pacifista” como un síntoma más bien de “flaqueza” y “fragilidad”.
Nota de prensa