Las principales ciudades de Nicaragua lucían casi desiertas y tranquilas el jueves luego de que muchos sectores se plegaron a un paro nacional de 24 horas que busca presionar por la renuncia del presidente tras la oleada de violentas protestas que han cobrado la vida de casi 150 personas en dos meses.
Las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, que luego fue congelada.
Pero tras la violenta represión de los cuerpos de seguridad, muchos sectores comenzaron pedir la dimisión del gobernante, quien enfrenta su mayor crisis política en 11 años, y la realización de elecciones anticipadas.
Reporteros de Reuters e imágenes transmitidas por medios locales daban cuenta de que muchos comercios, bancos y mercados cerraron sus puertas y había pocos autos transitando por las calles del país de seis millones de habitantes.
Decenas de policías con uniformes azules y rifles AK-47 se alinearon en las principales calles de la capital del país centroamericano, Managua, donde había algunas tiendas abiertas.
“Miren esto, es un desierto”, refunfuñó Juan José Murillo, de 38 años, señalando un estacionamiento vacío fuera del mercado de Huembes, uno de los principales de la capital.
El vendedor callejero ha luchado para ganarse la vida desde que comenzaron las manifestaciones. “La gente viene aquí solo para comprar comida. No apoyo a ningún partido político. Solo quiero que el conflicto termine”, agregó.
Ortega, un exguerrillero marxista que está gobernando su tercer quinquenio consecutivo, ha llamado a los manifestantes vándalos financiados por grupos de derecha que intentan socavar la democracia del país.
La ONU pidió el jueves el “cese inmediato de la violencia y la represión en Nicaragua” que ha dejado al menos 148 personas muertas y 1.337 heridas. Además instó al Gobierno a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país.
La CIDH ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos durante la “represión” a las protestas, que ha afirmado fueron cometidas por la fuerza pública y grupos armados simpatizantes de Ortega.
El viernes está previsto que el mandatario y miembros de la sociedad civil retomen un proceso de diálogo mediado por la Iglesia católica.