Por Blanca Morel / AFP
El gobierno de Daniel Ortega y la oposición reanudaron este viernes el diálogo con evidentes señales de desacuerdo como el rechazo oficial a la observación internacional de los derechos humanos en Nicaragua, en medio de una violenta ola de represión que deja 165 muertos en dos meses de protestas.
En el inicio del diálogo, los obispos católicos que median las conversaciones sometieron a consideración la propuesta de la oposición de invitar a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea (UE) a que observara la situación del país, pero la delegación oficial se opuso.
“Es lamentable, deplorable, triste que no podamos llegar a un acuerdo”, lo que pone “en peligro la estabilidad de la nación”, declaró el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, uno de los jerarcas católicos que median en el diálogo nacional.
Tras el fracaso en la discusión del primer punto, los participantes hicieron un receso para almorzar, pero hacia el anochecer no quedó claro si habían vuelto a reunirse. La primera parte de la sesión fue transmitida en directo por dos canales privados de televisión.
La visita de una comisión humanitaria fue apoyada por la opositora Alianza Cívica, que integran estudiantes, empresarios y organizaciones civiles, ante el baño de sangre que vive el país por la acción de fuerzas policiales y paramilitares contra las protestas antigubernamentales.
La oposición, por su lado, rechazó aprobar una moción del gobierno, encabezado en la negociación por el canciller Denis Moncada, que pedía levantar los bloqueos que los manifestantes mantienen en las principales vías, e invitar a la ONU y OEA a brindar “acompañamiento para el fortalecimiento del diálogo”.
– Violencia ahoga diálogo-
Mientras se desarrollaron las conversaciones a puertas abiertas, al menos cuatro barrios capitalinos fueron atacados por paramilitares, al tiempo que se reportaron nuevos enfrentamientos en las ciudades de Juigalpa (este), Nindirí (sur) y Jinotepe (sur).
“Estamos sufriendo una ola de violencia que fue desatada por el gobierno, por las turbas (grupos armados)”, condenó Carlos Tünermann, uno de los representantes de la alianza en el diálogo.
Sebastián Chamorro, uno de los delegados del sector privado, recordó que “el desmantelamiento de las fuerzas para-policiales es una función del Estado”. “Si continúa esta violencia, este diálogo va a ir muriendo poco a poco”, advirtió Chamorro.
El canciller Moncada también lamentó en su intervención el “salvajismo inaudito” que vive el país, negando responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia. “En manos de todos ustedes está poner fin a la violencia, evitar muertes de ciudadanos en todo el país, levantar de forma total e inmediata los tranques”, dijo.
En medio de las diferencias, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, quien asiste en representación del gobierno, propuso hacer “una tregua” antes de que la violencia destruya la economía del país, el más pobre de la región.
“Si sigue así el país vamos a quedar en la miseria”, dijo a la AFP un vendedor de sándwich del mercado, Luis Cano, de 38 años, mientras untaba mantequilla al pan.
En la sesión de la tarde, los participantes tenían previsto conocer la esperada respuesta del presidente Ortega a la propuesta de democratización que le presentaron los obispos el pasado 7 de junio.
– Esperanza efímera –
El viernes, miles de nicaragüenses retornaron a sus actividades, tras un paro casi general el jueves que la oposición espera termine de convencer al mandatario que el país quiere negociar un “cambio” por medios pacíficos.
“Necesitamos un cambio de gobierno porque estamos hartos”, demandó Isidro Obando, de 66 años, quien considera que la represión que ha desatado Ortega contra el pueblo es “peor” que la que vivió el país en el pasado durante la dictadura somocista.
Al menos 165 personas han muerto desde que estallaron las protestas el pasado 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las últimas tres víctimas son dos manifestantes muertos en enfrentamientos ocurridos el jueves en el Caribe norte, y un abogado asesinado en la madrugada en Chinandega (noroeste).
“Es peor que la dictadura somocista lo que estamos viviendo”, coincidió Argentina López, de 74 años, en el barrio San José Oriental. Dice estar preocupada por el futuro de sus siete hijos y 45 nietos.
Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas con casi 900 “tranques” y barricadas en ciudades semiparalizadas desde que el 18 de abril estallaron las manifestaciones contra una fallida reforma a la seguridad social.
Las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, con su esposa Murillo como vicepresidente y mano derecha, ambos señalados de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado.