La Fiscalía peruana anticorrupción ha incautado “unos 15 millones de dólares, tanto en Perú como en el extranjero”, a raíz de las investigaciones contra la empresa brasileña Odebrecht e implicados peruanos en presuntos actos de corrupción, según informó hoy el fiscal Hamilton Castro.
EFE
El fiscal responsable del Equipo Especial del Ministerio Público a cargo de las investigaciones por el caso Odebrecht señaló que este monto es resultado de las medidas de “congelamiento” de 64 cuentas bancarias, así como la incautación de 50 inmuebles y 200 equipos de cómputo.
Consultado sobre el avance de las investigaciones, Castro añadió que “hay algunas que están más avanzadas que otras” y que ello “se debe a la complejidad del caso”, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima.
En Perú se investiga el rastro de unos 29 millones de dólares que el empresario Marcelo Odebrecht admitió a la Justicia de Estados Unidos haber entregado a exfuncionarios y políticos peruanos, entre 2005 y 2014, para hacerse de obras de infraestructura.
Posteriormente, se conoció que la empresa también apoyó la campaña electoral de los entonces candidatos presidenciales Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.
Actualmente, están investigados en forma preventiva los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), García (2006-2011), Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018).
Castro detalló que el equipo de fiscales encargados de la investigación ya ha solicitado 87 asistencias para el levantamiento del secreto bancario a Reino Unido, Panamá, Barbados, Brasil, Gran Caimán, España, Israel, Andorra y Chile, pero que “la mayor parte de respuestas sigue pendiente”, lo que retrasa el curso de la investigación.
Un ejemplo, según acotó, es la solicitud cursada a la Confederación Suiza para recibir información del sistema My Web Day, que archivaba todas las transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la obra de la que salía el dinero.
Esta solicitud se hizo en diciembre de 2016 y esperan recibirlo entre junio y julio de este año, precisó.
La información que arribará de esos sistemas permitirá a la Fiscalía peruana corroborar lo manifestado por el expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y el exdirectivo de la compañía en Perú Jorge Barata, sobre los sobornos presuntamente entregados a los expresidentes Toledo y Humala.
Así, también expresó que las investigaciones por el caso Odebrecht se desarrollan en el marco de la ley de criminalidad organizada, que tiene un plazo inicial de 36 meses, y que puede ser prorrogado por 36 meses más.
“Por lo tanto, no se puede pedir que en este momento tengamos casos cerrados, porque es complejo y porque la ley lo precisa”, expresó Castro.
Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó que su balance de gestión “es positivo”, a punto de culminar su periodo, aunque le hubiera gustado “avanzar un poco más en el caso Lava Jato”.
“En Brasil han llegado a resultados mayores porque han tenido otro tipo de trabajo, pero en Perú hemos logrado avanzar en las investigaciones, hemos tenido avances en cooperación internacional”, anotó en la misma rueda de prensa.
Sánchez asumió el cargo de fiscal general en 2015, por un periodo de tres años, que se cumple a fines de este mes, y lo reemplazará el recientemente electo Pedro Chávarry para el periodo 2018-2021. EFE