Mientras el país se deshace, por las políticas miopes y mal intencionadas de un régimen irresponsable y malvado, la controversia con Guyana sobre la nulidad del laudo arbitral de 1899 continúa ahora ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
Hace unos días atrás Venezuela representada por delcy rodríguez y jorge arreaza (ambos en minúsculas por el grado de respeto que generan en el pueblo venezolano) fueron a la Corte en La Haya tras una invitación del Presidente del tribunal, para conversar sobre la controversia y organizar el proceso que se inició por una demanda unilateral de Guyana.
Venezuela afirmó ese día a la Corte que no acudiría al máximo tribunal para dirimir la competencia pues la controversia debe ser resuelta en base al Acuerdo de Ginebra de 1966 en el que las partes, Venezuela y Guyana, principalmente, se comprometieron a encontrar una fórmula satisfactoria, lo que sin duda no parece posible con la judialización del tema que ha impuesto Guyana con su demanda.
La posición del régimen es la que habían asumido los gobiernos democráticos desde 1945, es decir, la no aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. Sin embargo, el régimen no ha actuado en forma transparente. Estamos ante un problema de Estado y no simplemente de gobierno. La integridad territorial y la soberanía nos interesa a todos, pero el régimen mantiene siempre el misterio en sus actuaciones que dejan mucho que pensar, más cuando como sabemos, detrás de la reclamación está Cuba que ha siempre preferido que Guyana mantenga el territorio Esequibo y ello por agradecimiento por haberse prestado como territorio de apoyo en la guerra en la que los cubanos participaron en África para imponer su revolución, de donde salieron con las tablas en la cabeza.
Venezuela decidió no comparecer. Es probable que sea una buena vía ya que consideramos como todos que la Corte no es competente para conocer la controversia, pero ha faltado la consulta con los órganos nacionales, con la sociedad civil, con las Academias, con los sectores políticos y con todos los venezolanos para presentar una postura con respaldo general.
Pero insisten en el misterio, en la falta de transparencia. Es de esperarse que en el futuro inmediato se consulte a los sectores nacionales, se les informe y se adopte una estrategia jurídica importante y seria, pues no comparecer si bien no tiene consecuencias formales procesales, tiene algunas desventajas que debemos asumir.
Ojalá lo entiendan y consulten, principalmente a los órganos nacionales que pueden emitir opinión.
Por lo demás, no es para nada conveniente que se disparen opiniones por aquí y por allá, sin medir las consecuencias de las mismas. Todas las declaraciones que se hagan, sean de funcionarios del Estado o de expertos o analistas, pueden ser consideradas por la Corte. Esperemos que prive la discreción y que el pantallerismo que a veces nos invade ante temas tan delicados no aparezca en estos momentos, sobre todo, ante un tema tan complejo.