Si algo ha sabido hacer el gobierno venezolano en los últimos años ha sido limitar el acceso a la información pública, y 2017 no fue la excepción. El año pasado hubo un incremento preocupante de los niveles de opacidad en los distintos órganos y entes del Poder Público bajo la mirada complaciente del Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, de acuerdo con el más reciente informe de corrupción de Transparencia Venezuela.
El capítulo opacidad: la regla impuesta desde el alto Gobierno, precisa que en 2017 no se hicieron públicos los resultados de la gestión de los órganos y entes del Poder Ejecutivo, tampoco se entregaron las memorias y cuentas de los ministerios correspondientes al año 2016. Además, la Ley de Presupuesto 2017 que no fue presentada ante la Asamblea Nacional sino ante el TSJ, y que supuestamente fue publicada en una Gaceta Oficial, no estuvo disponible.
Una de las cosas que más resalta del capítulo de opacidad es la anuencia del TSJ frente a la actuación de los entes que limitan el derecho de acceso a la información pública. Transparencia Venezuela precisó que en 2017 el Poder Judicial dictaminó en contra en 99% de los casos de amparo que se intentaron desde distintas ONG en temas de acceso a información básica como salud, inflación, importación de medicamentos o sueldo de funcionarios.
La organización también destacó que el año pasado se incrementó el desinterés de los funcionarios públicos en dar debida respuesta a las peticiones de información presentadas por los ciudadanos, pues a pesar de que hasta agosto de 2017, Transparencia Venezuela presentó 130 peticiones de información ante diversos órganos y entes del Poder Público (nacional, regional y municipal), solo obtuvo 14 respuestas, es decir, solo 11% de las solicitudes realizadas fueron atendidas.
“La ciudadanía, académicos, gremios y actores sociales tienen cada vez menos información disponible, situación que dificulta la evaluación y el seguimiento de políticas y programas desarrollados por el Estado, así como la presentación de propuestas que busquen resolver las necesidades de la población”, advirtió la organización.
Además, alertó que la poca información oficial que estuvo disponible en 2017 resulta cuestionable cuando es comparada con datos manejados por organizaciones de la sociedad civil o por órganos especializados en el área que se trate.
Lo que mantienen bajo llave
El informe de Transparencia Venezuela refirió que todos los poderes limitaron el derecho de acceso a la información pública en 2017, pero los más evidentes fueron los órganos y entes que forman el Ejecutivo. El año pasado muchos portales electrónicos presentaron deficiencias en su funcionamiento, dificultando no sólo el acceso a la información, sino la realización de diversos trámites administrativos.
La organización afirmó que los 32 ministerios del país solo publican 14 clases de información, de las 30 presentes en la legislación nacional y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Además, ninguno publica la ejecución de su presupuesto, lo que impide el control ciudadano en la gestión pública.
En materia de contrataciones públicas, 68% de los ministerios se abstiene de publicar los llamados a concursos y todos incumplen con el deber legal de publicar tanto las adjudicaciones de los contratos como la asignación de Responsabilidad Social.
El informe agregó que en 79% de los ministerios no se encuentra disponible la información de los funcionarios de alto nivel, mientras que 75% no publica el perfil del ministro que lo dirige, ni el período de gestión en el que se desempeña.
Los indicadores económicos también brillaron por su ausencia. En 2017 prevaleció la política del Banco Central de Venezuela de dejar de publicar los montos de variables macroeconómicas fundamentales como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (disponible hasta el cuarto trimestre de 2015), el Producto Interno Bruto (IV-2015), la balanza de pagos (III-2015), y los aportes de Petróleos de Venezuela a la nación (III-2015).
El Registro Nacional de Contratistas, disminuyó desde agosto de 2017 la información que publicaba sobre las empresas que contratan con el Estado. En el sitio web del RNC donde antes se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en 29 ítems, ahora solo aparecen 5, a saber: 1. Si se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, 2. Nombre, 3. Número de Registro de Información Fiscal, 4. Si es persona jurídica o natural y 5. Años de experiencia en la actividad o servicio que presta.
Cifras de salud, ambiente y educación bajo llave
En materia de salud existe una gran ausencia de información por parte del gobierno nacional, que resulta vital para hacer seguimiento a las políticas y programas implementados por el Estado, agregó el informe. Entre los datos y documentos más relevantes que no son publicados con regularidad por el Ministerio de Salud se encuentran el Anuario de mortalidad, que permite conocer cuáles son las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles en Venezuela. El último anuario publicado data de 2013.
Tampoco se publican los indicadores hospitalarios (atención ambulatoria, hospitalización, número de camas por cada 100.000 habitantes, número de médicos por cada 100.000 habitantes). La última información disponible es la contenida en la memoria y cuenta del año 2015. Ni el porcentaje de desnutrición infantil. La última información disponible corresponde al año 2011 y fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Transparencia Venezuela añadió que existen indicadores sociales que resultan vitales para evaluar la situación y contexto país que no han sido actualizados por el gobierno nacional, como el Índice de Gini, que permite evaluar la desigualdad social. Los últimos datos disponibles corresponden al mes de diciembre de 2015.
La organización agregó que en materia ambiental es en la que existe menos información disponible. La revisión de la página web del INE deja ver que la última información disponible data de los años 2009, 2010 y 2011. Precisó que se desconoce el impacto y las consecuencias que generan para el medio ambiente, la ejecución del proyecto Arco Minero del Orinoco. De igual forma, la ciudadanía no puede tener acceso a datos actualizados sobre superficie deforestada; emisiones de CO2; y porcentaje de agua apta para consumo humano.
Además, los Ministerios de Educación y de Educación Universitaria Ciencia y, Tecnología, no tiene actualizada ni disponible a la ciudadanía la siguiente información: tasas de prosecución, repitencia y deserción escolar; tasa neta de escolaridad y tasa de finalización de la educación. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2015.
En el informe de Transparencia Venezuela también se especifican los datos que han dejado de publicar la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral.
La organización insistió en que resulta vital que el Estado permita el acceso a información completa, actualizada y clara sobre la ejecución y manejo de los recursos públicos, y que publique mediante indicadores verificables y confiables los datos que resultan importantes para la ciudadanía.