El gobierno acaba de aumentar a partir del 1ro. de julio el salario integral sumando un monto de 5.196.000 de bolívares. Si tomamos en consideración que en mayo una familia de cinco personas para poder alimentarse necesitó 220.138.620 de bolívares y con un nivel de crecimiento de los precios de un cien por ciento mensual, lamentablemente para nuestra población, no hay aumento que valga si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos y se aumenta la producción de bienes y servicios.
Si en el mes de mayo de este año, el valor en bolívares de la canasta básica familiar suma nueve cifras y el salario integral a partir del primero de julio será de siete cifras medias, resulta ya una cantidad desproporcionada entre el ingreso familiar y el costo de la canasta. Y si tomamos en consideración que para finales del mes de julio se estima de forma conservadora que la inflación sea superior en 200% a la de mayo, sería casi nulo el poder de compra del salario integral, es decir que con más bolívares se adquirirían mucho menos bienes y servicios.
Asumamos hipotéticamente que en una familia, sus cinco integrantes ganan cada uno un salario integral (no es lo normal), esta familia solo podrá adquirir en julio menos del diez por ciento de la canasta de alimentos. Por lo tanto estimamos que este año a causa de la hiperinflación aumentará la pobreza extrema, medida por la línea de ingreso, en más de un setenta por ciento.
La aplicación del Socialismo del Siglo Veintiuno por parte del régimen a través de sus dos planes económicos, ha destruido al sector de la producción de bienes y servicios en el país y ha traído como consecuencia la disminución sustancial de la oferta de bienes y servicios, así como el aumento del desempleo tanto urbano como rural. La quiebra parcial de Pdvsa, la cual disminuye cada día su producción, ha generado una fuerte caída del ingreso de divisas que, sumado al compromiso de pago de la deuda pública externa, ha mermado la capacidad de importación del régimen, aumentando el desabastecimiento de materia prima industrial, lo cual ocasiona una contracción de la producción nacional.
La incipiente oferta nacional de bienes y servicios y la merma de las importaciones, ha venido generando escasez y carestía sobre todo en la demanda de alimentos y medicinas. Esta grave situación no puede ser resuelta con aumentos de salarios como ya lo señalamos, sobre todo si tomamos en consideración que en mayo se necesitó 7.337.954 de bolívares diarios para alimentar una familia de cinco personas, esa cantidad es superior al reciente aumento del ingreso mínimo mensual.
El régimen entrampado en su laberinto dogmático y arcaico, ha sido incapaz de corregir el rumbo de su “tesis” económica, la cual nos ha sumido en la más terrible crisis humanitaria padecida por una nación. No ha habido ningún país que haya pasado por esta situación, sin aceptar la ayuda humanitaria proveniente del exterior. En 2014, que no fue año electoral, el régimen tuvo la oportunidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos, y acordar con el sector privado una política económica coherente, pero asumió y sigue asumiendo erróneamente la profundización de su destructiva política antieconómica.
Es por ello que necesitamos urgentemente un cambio de gobierno con poderes públicos independientes, que corrijan los desequilibrios macroeconómicos y restablezcan la autonomía del BCV. Un estado responsable que garantice la libertad económica y la libertad individual de los empresarios y promotores; la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad. Dentro de este marco legal debe establecerse como política de estado la seguridad alimentaria y la protección a los sectores más vulnerables de nuestra población.
Debemos enfocarnos de forma unitaria en recobrar nuestra democracia. Es el momento y estamos trabajando para ello.