Un grupo de inversores institucionales que tienen aproximadamente el 13 por ciento de la deuda externa de Venezuela dijeron el lunes que no respaldarán ningún plan de reestructuración que no contemple un trato equitativo con todos los acreedores.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha frenado casi todos los pagos de la deuda externa, dejando en “default” a Venezuela, que tiene una carga crediticia de unos 60.000 millones de dólares en bonos extranjeros directos y subsidiarios.
El grupo, llamado Comité de Acreedores de Venezuela, dijo en un comunicado que apunta a un consenso para una acción colectiva que evite “acciones legales disruptivas y costosas alrededor del mundo en busca de reclamos diseñados para beneficiar a ciertos acreedores a expensa de ellos”.
Las acciones del grupo, que en gran medida había permanecido fuera del centro de atención, podrían socavar cualquier acuerdo entre el Gobierno y varios acreedores acerca de temas de deuda específicos. Además de la deuda soberana, se deben miles de millones de dólares a quienes poseen bonos de las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Electricidad de Caracas.
El anuncio del grupo de acreedores muestra que los inversores con papeles en cesación de pagos se están organizando más, pero la mayoría de los observadores del mercado coinciden en que los tenedores de bonos no iniciarán pronto reclamos legales al país sudamericano.
Las sanciones financieras estadounidenses hacen casi imposible la reestructuración de la deuda de Venezuela. Además, el enfoque desordenado de Maduro en materia de política económica hace que muchos tenedores de bonos crean que no sería capaz de llevar a cabo una negociación seria de la deuda.
“El Comité se compromete a tratar de resolver los problemas de deuda de Venezuela de una manera que asegure un trato justo a todos los acreedores de igual rango”, indicó el comunicado.
Los más de 8.000 millones de dólares de deuda que posee el grupo están divididos entre bonos de la república y de PDVSA, según Mark Walker, director gerente de Millstein & Co, asesor del Comité. “Nuestro enfoque hará el proceso más corto y menos costoso (…) La acción concertada y colectiva es el estándar de oro”, señaló Walker.
“El Comité desea poner en aviso a (Venezuela y PDVSA) que los hará responsables de todos los costos y gastos incurridos en la investigación de todos los incumplimientos y la búsqueda de todas y cada una de las soluciones disponibles”, agregó el comunicado.
Maduro ha culpado a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos por evitar las transferencias internacionales. Sin embargo, las sanciones no bloquean las operaciones de rutina, como los pagos de deuda. El bono referencial venezolano a 2027 denominado en dólares actualmente cotiza a 28,5 centavos de dólar. Reuters