La Patilla, El Nacional y El Pitazo, entre otros, han denunciado que el acceso a sus portales ha sido saboteado a través de proveedores como Cantv, Movistar y Digitel, lo cual está siendo investigado por la Asamblea Nacional. La nueva forma de censura en Internet que opera en Venezuela a través del bloqueo por HTTP, impide dar respuesta a las solicitudes de conexión que se dirigen a los servidores donde se alojan los sitios web, en este caso, el de importantes medios de comunicación.
El bloqueo del acceso a Internet por parte del régimen constituye otro ataque al derecho a la libertad de expresión, de información, de prensa y, en general, al pleno ejercicio de la ciudadanía de todos los venezolanos.
El artículo 58 de la Constitución establece que la información es libre y plural. En las dictaduras siempre hay censura previa; en los sistemas comunistas la libertad de expresión no existe porque todos los medios pertenecen al Estado y, por lo tanto, el partido único intenta tomar para sí el control absoluto del pueblo a través del pensamiento único y del líder único.
Todo comenzó con Hugo Chávez y ha empeorado con Nicolás Maduro. Algunas de las estrategias para lograr la supremacía comunicacional que el régimen ha puesto en marcha son: El control de la adquisición de papel para medios impresos, la coacción ilegal contra periodistas, editores y propietarios de medios a través de demandas, multas multimillonarias y amenazas de encarcelamiento, retirada de publicidad oficial de medios privados, prohibición del acceso de medios independientes a instituciones, eventos o conferencias de prensa oficiales, ocultamiento de cifras y cuentas públicas, fomento de la represión y la violencia por parte de la policía nacional, militares y milicias contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos y la obligación de transmitir maratónicas cadenas oficiales de radio y TV.
Importantes medios de comunicación han sido comprados ilegalmente por compañías registradas en el extranjero por testaferros y operadores del oficialismo con millones de dólares provenientes de la corrupción de oscuros negociados en base al diferencial cambiario. La compra de Globovisión, la Cadena Capriles, El Universal, de decenas de medios del interior, así como la frustrada adquisición de Televen por parte de seudo empresarios vinculados al régimen, pone en evidencia el modus operandi de la hegemonía comunicacional de la dictadura. Atrás quedaron, por su alto costo político, los asaltos ilegales perpetrados contra RCTV, las radios del circuito Belfort y cientos de emisoras AM, FM y televisoras VHF y UHF, intervenidas para ponerlas al servicio de los intereses comunicacionales del PSUV.
Se ha judicializado la persecución del que piensa distinto. Se abren expedientes a editores y directivos como el caso de Tal Cual, La Patilla y el Nacional, por citar solo algunos. Se ordenan juicios express a periodistas y editores por supuestas difamaciones por sus críticas y denuncias contra los corruptos a través de jueces convertidos en sicarios judiciales.
La hegemonía comunicacional de este Estado delincuente constituye una grave violación de los derechos humanos a la libertad de expresión y de información previstos en la Constitución y en los acuerdos internacionales firmados por Venezuela.
@TablanteOficial