Es lamentable que la calidad de vida del venezolano descienda de tal manera que el salario mínimo decretado por Maduro a los trabajadores del sector público y privado, sea comparable a una lata de atún.
Rafael Veloz, parlamentario y Responsable Nacional de Gremios de Voluntad Popular, en el espacio de opinión Visión Crítica que en esta oportunidad compartió con la luchadora social del municipio Baruta, Marleny Castillo se refirió al descenso en picada de la calidad de vida del ciudadano que, habiendo pertenecido con orgullo a la clase media del pasado, hoy extinta, pasó a engrosar las filas de la clase pobre a consecuencia de una política económica y social basada en el ensayo y error.
“El programa Clap en vez de cumplir con la distribución alimentos a la población se ha convertido en una herramienta de control a los ciudadanos. Si el régimen tuviese el propósito de asumir sus responsabilidades, prometidas en la reciente campaña, daría las garantías necesarias a los productores para que el campo se reactivara. Pero, es todo lo contrario. Más y más presión en todos los sentidos”, dijo Veloz.
Por su parte, Marleny Castillo quién colabora con los mercados de cielo abierto del municipio y cuya labor ha sido reconocida por la Alcaldía de Baruta, por el aporte social que hace permanentemente en la ciudad, se refirió a la cantidad de problemas por los que atraviesan los concesionarios desde que salen de sus zonas hasta llegar a la capital. Inseguridad en las carreteras, alcabalas cuyo fin es la “vacuna”, la extorsión, la “donación” del producto a los efectivos de turno, inseguridad en Caracas, falta de baños donde asearse, en fin, todo un camino de penurias para enfrentar también la amenaza de la intervención de los mercados municipales con el argumento de que con esa acción bajarán los precios de los alimentos.
Maduro, convocó -una vez más- a los productores del país a un “gran acuerdo” que durante los días miércoles 27 y jueves 28 de este mes, se efectuará para fijar los precios acordados. Convocatoria que se extiende a todos los sectores, cadenas, a la agroindustria, a los productores primarios, la industria, los distribuidores, incluyendo los asociados al aseo del hogar e higiene personal.
“En este sentido debemos recordar que enero de este año en la reunión de la Vicepresidencia Sectorial de Economía con industriales y productores, el entonces vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dio cumplimiento a las categóricas decisiones tomadas por Maduro y fue enfático al ordenar que de inmediato se regresara al esquema de precios acordados en diciembre de 2017.Al exigir se acate la Ley de Precios Acordados y dar instrucciones a la Sundde para que garantice su cumplimiento, el vicepresidente ejecutivo calificó de criminal la actitud asumida por el empresariado, que en apenas veinte días produjo un alza de precios para atacar al pueblo y mermar el poder adquisitivo tras el aumento de sueldos decretado a finales de año en protección del ingreso de los trabajadores y anunció la instalación de mesas de trabajo con sectores económicos y por rama de industria y con el sector de supermercados y comercios. En que quedaron esas reuniones? En una hiperinflación en alimentos que el consumidor no aguanta más. Para muestra un botón: según CENDAS la Canasta Alimentaria Familiar CAF de mayo 2018 se ubicó en Bs. 220.138.620,81. A la vista está que todas las convocatorias por parte del régimen para lograr “un gran acuerdo” en precios de alimentos ha sido total fracaso”, indicó Veloz