El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comenzó este martes su trabajo de al menos seis meses sobre la violencia ocurrida en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa ese país y que ha dejado más de 300 muertos.
EFE
Los cuatro especialistas explicaron en rueda de prensa que su trabajo estará enfocado en coadyuvar en las investigaciones y reparar los daños a las familias de quienes han perdido la vida por los hechos de violencia hasta el 30 de mayo.
Según sus integrantes, parte de su trabajo consistirá en analizar si las autoridades nicaragüenses están utilizando las figuras jurídicas adecuadas, si están investigando todos los responsables, y si las pruebas que presentan son pertinentes para el esclarecimiento de los casos.
“Nosotros no tenemos la función de sustituir a las autoridades del Estado, estamos para apoyar las investigaciones”, dijo el argentino Pablo Parenti, uno de los miembros del GIEI, quien explicó que su trabajo será el de acompañar y recomendar en base al mandato que tienen y los acuerdos que han sido suscritos dentro de los estándares internacionales.
El GIEI tendrá, entre otras, las atribuciones de analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, explicó Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al presentar al grupo de expertos en Managua.
También analizarán si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación y si se están empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los posibles ilícitos y sus responsables.
Y, de ser el caso, recomendar las acciones que deben implementarse para garantizar que estos objetivos sean alcanzados, indicó. El grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad para realizar su trabajo, señaló la relatora para Nicaragua en la CIDH.
El mandato del GIEI será de seis meses, y podrá extenderse por acuerdo de las partes. El GIEI está integrado por el italiano Amerigo Incalcaterra, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el argentino Pablo Parenti y la peruana Sofía Macher, todos de “alto nivel técnico y de reconocida trayectoria en la protección de derechos humanos”, destacó Urrejola.
Los miembros del GIEI fueron seleccionados por la CIDH y designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Por su parte, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió a Dios que “siga convocando a la reconciliación, a la paz, al bien común, al encuentro y a trabajar todos juntos para que esta Nicaragua siga consagrada a Jesucristo”.
Murillo, también primera dama, dijo hacer su petición “con mucha fe, con mucha esperanza puesta en el Señor, en Jehová, Dios de los ejércitos”, basada en un versículo del libro Salmos, de la Biblia, pese a que el Gobierno de su esposo, Daniel Ortega, es señalado como el responsable de las muertes durante la crisis.
El Gobierno también declaró el norte del país “libre de tranques” (bloqueo de carretera), luego de un ataque armado al municipio de La Trinidad, donde se encontraba el último bloqueo de la zona.
En tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios, citó a los nicaragüenses a realizar este miércoles una “cadena humana” por más de dos kilómetros de extensión entre el centro y sureste de Managua.
Y para el próximo sábado a una marcha en Managua y diferentes ciudades de Nicaragua denominada “Juntos somos un volcán”, las que contarán con el respaldo de la empresa privada.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, que ha dejado 309 muertos y más de 2.500 heridos, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.