El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo hoy que espera que garantizar la vida de los líderes sociales sea una prioridad para el gobierno que lo sucederá a partir del 7 de agosto, como afirmó que ha sido durante su mandato.
EFE
“Garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es y seguirá siendo, entonces, una prioridad hasta el último día de mi Gobierno y yo espero, de todo corazón, que sea una prioridad para el gobierno entrante”, manifestó el mandatario luego de presidir la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Santos aseguró que en la transición presidencial su equipo está “poniendo sobre la mesa” lo que ha hecho y “los planes” que tiene de cara al futuro.
“Esta política tiene que mantenerse por el bien de todos de todos los colombianos y estoy seguro que el nuevo Gobierno, espero, así lo acepte y así lo interprete”, añadió.
La semana pasada se recrudeció en Colombia la violencia contra los líderes sociales y al menos ocho de ellos fueron asesinados en diferentes regiones del país.
Según datos de la Fiscalía, citados por Santos, entre el primero de enero de 2016 y el 6 de julio pasado fueron asesinados 181 líderes sociales, de los cuales en “89 casos ya se ha aclarado quiénes son los autores”, hay “18 sentencias generadas y 168 personas capturadas”.
En ese sentido, el presidente afirmó que se tomaron varias medidas para enfrentar el problema, entre ellas la creación de “un sistema de recompensas” para identificar a los responsables de los ataque contra los defensores de derechos humanos y fortalecer su protección.
También ordenó un “plan urgente de intervención” que tendrá una fase inicial de 30 días en las zonas donde más ocurren estos asesinatos en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
Otra de las medidas es poner en marcha las “Unidades Básicas de Protección (UBP)”, que buscan fortalecer la defensa colectiva y dependerán de “las Seccionales de Protección de la Policía para desarrollar esquemas colectivos”.
Asimismo se destinarán cerca de 50.000 millones de pesos para fortalecer la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según agregó Santos, “está desbordada”.
Sobre la UNP, dijo que presta actualmente “medidas de protección a 4.510 líderes sociales y defensores de derechos humanos” y que custodia a 264 miembros del partido político FARC, surgido tras la desmovilización de la antigua guerrilla.
“Reitero mi compromiso, el del Gobierno Nacional, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos”, concluyó.