Los otrora jefes rebeldes de las FARC se sentaron por primera vez en el banquillo para responder por miles de secuestros, como parte del acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de conflicto en Colombia.
Rodrigo Londoño (Timochenko), máximo líder de la que fuera la guerrilla más poderosa de América, encabezó la primera audiencia de juzgamiento en el marco del sistema especial pactado con el gobierno para reparar a las víctimas.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a 31 responsables de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dentro de la causa 001 por “retención ilegal de personas”.
Sin embargo, solo Timochenko y los también dirigentes Pablo Catatumbo y Carlos Lozada asistieron a la diligencia que se llevó a cabo en el norte de Bogotá. Los demás enviaron a sus abogados o en el caso de Jesús Santrich – detenido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico – participó a través de una teleconferencia desde la cárcel.
“Estoy aquí a su disposición, con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza ese sueño que construimos en La Habana”, dijo Londoño al inicio de la audiencia.
La fiscalía documentó 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los antiguos guerrilleros. En esta causa, la JEP conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.
Las FARC se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas de su prolongada y fallida lucha por el poder, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Si cumplen lo pactado y nunca más ejercen la violencia, purgarán penas de entre cinco y ocho años en un lugar distinto de la cárcel que aún no ha sido definido.
El grupo dejó las armas el año pasado, se convirtió en partido político y a partir de ahora responderá ante la justicia por graves violaciones de derechos humanos, en medio de una profunda división en el país en torno al pacto de paz firmado en 2016.
A las afueras del edificio, una veintena de personas a quienes se les impidió el ingreso a la audiencia, se congregaron en silencio y exhibieron fotografías de “secuestrados o desaparecidos” a manos de los rebeldes.
“La verdad es lo que más exigimos las víctimas. Que les rebajen las penas solo si nos dicen qué pasó con la gente de la fuerza pública que secuestraron y dónde está”, señaló a la AFP Olga Rojas, viuda del sargento José Vicente Rojas que está desaparecido desde 1992.
Los militares que también participaron en el conflicto podrán acogerse voluntariamente a la JEP, al igual que los civiles que financiaron a grupos de ultraderecha.
AFP