Si los venezolanos teníamos alguna duda del arreglo de colaboracionismo de la oposición oficial y el régimen de Nicolás Maduro, solamente vean la denuncia realizada por el Ex Embajador Diego Arria en un reciente video (ver video en https://bit.ly/2mBjhtu) según la cual el diputado oficialista, el Abog. Amador Valles Méndez se dirigió el 10 de julio al Presidente de la Asamblea Nacional, solicitando información sobre el Presidente del TSJ legitimo, porque supuestamente este tendría doble nacionalidad, y el mismo día el Secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales se dirigió a su vez a la Cónsul General de España solicitándole que documente “sobre la identidad de este ciudadano” y que lo haga “de manera perentoria y urgente porque es muy importante para la institución de la Asamblea Nacional y para ciudadanía en general”. Mayor descaro de colaboración imposible.
¿Cuál es el interés de la Directiva de la Asamblea Nacional de solicitar información a otro país acerca de un venezolano que la misma Asamblea invistió como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es que esas investigaciones no se realizaron cuando se analizaron las postulaciones para ejercer las altas Magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál es el interés de atacar ahora al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?
En este momento la Directiva de la Asamblea está abiertamente eludiendo una sentencia del TSJ legítimo de fecha 2 de julio de 2018 (ver Sentencia de Falta Absoluta en https://tinyurl.com/y8z7eqgq):
“SEGUNDO: Se impone a este Tribunal en cumplimiento del mandato supremo de asegurar la integridad de la constitución y el orden en ella establecido (artículo 334 del texto magno) poner fin al desorden institucional que reina actualmente en el Estado, el cual, en caso de extenderse, pudiera atentar contra las bases fundacionales de nuestra República; por lo que, LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por aplicación extensiva en la línea de suceder en el cargo de Presidente de la República, en virtud de la evidente falta absoluta que rodea actualmente la Presidencia de la República y la renuncia tácita en que incurrió el Vicepresidente Ejecutivo al optar por otro cargo público indebidamente asignado, QUE DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER APARTE DEL ARTÍCULO 233 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUPRA MENCIONADO, PROCEDA A LLENAR EL VACIO CONSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales, previo nombramiento de nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, depuración y actualización del Registro Electoral y Voto Manual, entre otras condiciones mínimas necesarias, ajustado en todo, a lo ordenado en la sentencia de la Sala Electoral de este Máximo Tribunal de fecha 13/06/2018, Expediente SE-2018-001.”
¿Es esta decisión la que pretende evitar la Directiva de la Asamblea Nacional? En este momento la Directiva de la Asamblea y el régimen de Nicolás Maduro tienen un enemigo común muy incómodo: el TSJ legítimo en el exilio. A ambos les resulta muy inconveniente que se cumpla esta sentencia. Al régimen por razones obvias, pero a la oposición oficialista por razones muy difíciles de tragar para la opinión pública nacional: el régimen amenaza con no irse solo, sino llevándose con el a todos los cómplices que ha tenido siempre en la oposición oficial, comenzando con los implicados en el mayor escándalo de corrupción latinoamericano de los últimos tiempos: el caso de Odebrecht.
Desde Venezuela es imposible con la oposición oficial que controla a la Asamblea Nacional escoger un Gobierno que reemplace al régimen de Nicolás Maduro por una simple razón: son lo mismo. El equilibrio de poder que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro -y antes el de Hugo Chávez- siempre se basó en que la oposición oficialista impidiera su reemplazo a cambio de contratos encubiertos y migajas de poder en Gobernaciones y Alcaldías, con financiamiento a sus principales lideres. Eso la dirigencia principal de la Asamblea Nacional.
Le sería imposible a la oposición oficial cumplir con esa sentencia solo por el hecho de que tendrían que nombrar, como bien dice el aparte Segundo de la Decisión del TSJ legítimo, “los nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral, depuración y actualización del Registro Electoral y Voto Manual, entre otras condiciones mínimas necesarias, ajustado en todo, a lo ordenado en la sentencia de la Sala Electoral de este Máximo Tribunal de fecha 13/06/2018, Expediente SE-2018-001.”. Eso no lo permitiría el régimen.
Solamente por esto la Asamblea Nacional evadirá por todos los medios a su alcance el cumplimiento de esa sentencia, así sea echando mano del expediente de enlodar el nombre de los Magistrados del TSJ legítimo, y si pueden hacer causa común con el régimen para desconocerlos, mejor aún. Hay demasiada complicidad entre la oposición oficial y el régimen, y también mucho que perder.
¿Qué podemos hacer los venezolanos ante esta triste realidad? ¿Aceptarles a Omar Barboza y su directiva colaboracionista la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder? Les llegó el momento de la verdad. Harían bien los diputados que no están en complicidad con esta situación apartarse y pronunciarse a la brevedad posible. Si no lo hacen se harán cómplices por omisión.
A los venezolanos solo nos queda apoyar por todos los medios que nos sea posible, a los Magistrados que se constituyeron como Tribunal Supremo de Justicia legitimo en el exilio para que tomen la decisión histórica de designar a la brevedad un Gobierno de Emergencia Nacional que nos conduzca por sobre toda esta basura de corruptelas locales, hacia una solución definitiva que nos permita dar por terminado este régimen oprobioso que nos desgobierna y nos está matando de hambre y enfermedades. La Asamblea Nacional no solo esta descalificada para cumplir con el mandato de la sentencia del TSJ legitimo, sino que si lo llegara a hacer no sería para beneficio de los venezolanos, sino para el de un binomio de corrupción con el régimen. Así de grave están las cosas por la corrupción, el secuestro institucional y el colaboracionismo. La solución dejo de estar en Venezuela.
Caracas, 23 de Julio de 2018
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