Tres horas antes de que el diario venezolano El Nacional vaya a imprenta, unos 20 periodistas trabajan frente a sus computadores en una desolada sala de redacción.
Un afiche sobre la pared advierte a los empleados que no roben papel higiénico mientras que otro pide medicinas para la madre de un reportero, en una señal de que la escasez de productos básicos que ha obligado a millones de personas a abandonar Venezuela también impacta en el último diario nacional crítico al Gobierno.
Imprimir el periódico se ha transformado en una lucha diaria, según los editores. Los controles cambiarios impuestos por el Gobierno de Venezuela han recortado las importaciones, lo que implica que el papel, la tinta y los equipamientos para la impresión son escasos.
Asimismo, el diario se encuentra en un momento potencialmente riesgoso tras una demanda del segundo hombre más poderoso del oficialismo.
Diosdado Cabello, el presidente de la poderosa Asamblea Nacional Constituyente, demandó a El Nacional en el 2015 luego de que publicara un artículo del diario español ABC asegurando que era investigado en Estados Unidos por narcotráfico.
El funcionario ha negado cualquier participación en el tráfico de drogas y exige que se muestren pruebas de los señalamientos en su contra.
Mientras que periódicos favorables al Gobierno pueden operar libremente en Venezuela, El Nacional suele encontrarse en la mira de las autoridades.
Los títulos que documentan los cortes de electricidad, las acusaciones de fraude electoral y huelgas de trabajadores han llevado a autoridades del Gobierno a criticar públicamente la cobertura de El Nacional.
Los seguidores del presidente Nicolás Maduro han atacado al diario por su parcialidad, acusándolo de intentar precipitar su salida. El Nacional lo niega y dice que está cubriendo la crisis en forma rigurosa.
El Nacional mantiene que el reporte publicado en el 2015 es correcto porque solo dijo que Cabello era investigado. En mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó congelando sus activos e imponiendo una prohibición de viajar.
Washington acusa a Cabello de organizar envíos de drogas desde Venezuela a Europa y compartir las ganancias con Maduro, quien también fue sancionado por Estados Unidos.
Una demanda presentada por Cabello contra The Wall Street Journal en 2015 por informar de sus presuntos vínculos con el narcotráfico fue desestimada por los tribunales estadounidenses.
En junio, un tribunal de Caracas ordenó a El Nacional pagar a Cabello los 1.000 millones de bolívares que exigió en su demanda del 2015. Debido a la hiperinflación, esa cantidad equivale hoy a entre 300 y 500 dólares.
Cabello mostró en su programa una portada de El Nacional con el nombre de “The Wall Street Furrial”, en referencia a su ciudad de origen, El Furrial, en el oriente venezolano, alimentando con ello especulaciones entre opositores de que podría apoderarse del periódico si no cancela la multa.
Cuando Reuters le preguntó sobre el caso, Cabello dijo a mediados de julio que había pedido a sus abogados que soliciten al tribunal que la multa se ajuste a la inflación que reportó El Nacional sobre la expectativa de crecimiento de los precios para el 2018, según cálculos de la opositora Asamblea Nacional: un 300.000 por ciento.
“Como El Nacional nunca miente (…) ellos dicen que es la inflación de 300.000 por ciento”, dijo Cabello. “Es una buena cifra para indexar el pago”, añadió.
En su fallo, el tribunal dijo que el monto debe indexarse por peritos con base en el índice de precios del Banco Central, que no ha publicado datos de inflación desde diciembre del 2015, recordó Miguel Henrique Otero, presidente editor del periódico fundado en agosto de 1943 por su familia.
Una sola página
El abogado de El Nacional, Juan Garantón, dijo que el periódico apeló el fallo, precisando que, de todas formas, el dictamen no permite a Cabello apoderarse de El Nacional si el medio no puede pagar la multa.
Bajo la ley venezolana, si no se paga una multa impuesta por un juzgado, el tribunal puede embargar los activos y eventualmente subastarlos.
“Yo no creo que (Cabello) quiera ningún diario (…) quiere yo creo que perturbar”, dijo Garantón.
Otero, cuyo abuelo fundó el periódico hace 75 años, evitó entrar en detalles sobre la multa o la posibilidad de que el diario cambie de propietario.
En una entrevista telefónica, Otero dijo desde Madrid que la publicidad en el sitio web de El Nacional, hospedado en el extranjero, genera ingresos en la valiosa divisa estadounidense, con lo cual pueden mantener la publicación.
“Vamos a tratar de mantener el impreso hasta el final, hasta que sea una página, pero mantenerlo porque es simbólico”, dijo.
Sin embargo, el Nacional enfrenta otros desafíos. Su personal equivale en la actualidad a una quinta parte de los 2.000 empleados -200 a 250 de ellos periodistas- que tenía hace casi 20 años.
Muchos de ellos se unen al éxodo de venezolanos que emigra cada semana, dijo la editora Patricia Spadaro al referirse a una diáspora que Naciones Unidas calcula en un millón de personas entre 2015 y 2017.
“Semanalmente recibo renuncias de gente que no aguanta la crisis y se va”, dijo Spadaro, rodeada de cubículos vacíos.
La falta de papel ha provocado la caída en la circulación de El Nacional a unas 20.000 copias, sólo una décima parte de lo que publicaba hace una década.
Spadaro dijo que la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, la estatal que controla el papel, no le vende a El Nacional. El papel que utilizan actualmente proviene del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio creado en 1991 entre los mayores periódicos latinoamericanos, dijo Otero.
El gobierno “ha tenido una política de asfixia con los medios independientes en Venezuela y la vía que encontró fue justamente la económica”, dijo Spadaro.
El Ministerio de Información y la Corporación Maneiro, controlada por el ministerio, no respondieron a solicitudes de comentarios.
Por Vivian Sequera y Angus Berwick/Reuters
