El clima general de protestas persiste en Venezuela cuando se cumple hoy un año de haberse instaldo la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo.
EFE
Cientos de enfermeras, médicos y demás trabajadores sanitarios de Venezuela marcharon este lunes, acompañados de pacientes crónicos, hasta la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas para “denunciar la grave crisis” que atraviesa el sector de la salud en el país.
Los trabajadores, que ya suman 36 días de protestas, aseguraron que su objetivo no es solo obtener mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, sino velar por la salud de los pacientes, que en muchas ocasiones deben costear hasta las jeringas en los hospitales.
Francisco Valencia, director de Codevida, una coalición para la defensa del derecho a la salud, denunció que fueron importados al país medicamentos para atender a pacientes trasplantados “solo en la capital”.
“¿Y el resto del país qué? Si hay que ir a Miraflores (palacio presidencial), iremos, pero con soluciones concretas”, apuntó el activista.
Valencia explicó a Efe que hasta ahora existe un comunicado que fue entregado por la OPS a los hospitales que habla de “cierta cooperación” pero los gremios desconocen el alcance de esa ayuda.
Señaló además que diariamente reciben “reportes de personas que fallecen (…) que tienen consecuencias irreversibles en su salud por la falta de medicamentos”, situación que calificó de “indignante”.
La protesta de los trabajadores de la salud comenzó hace más de un mes en demanda de mejoras salariales, pues aseguran que perciben ingresos mensuales iguales o ligeramente superiores al mínimo, que en la actualidad se ubica en 5.196.000 bolívares (30 ó 1,80 dólares según la tasa de cambio que se use), que no alcanza para comprar ni un kilo de carne.
Con el paso de los días los pacientes, con sus propias denuncias, también han ido sumándose a las manifestaciones.
César Hurtado, paciente con párkinson, aseguró a Efe que en los 24 años que ha vivido con esta enfermedad cuando contaba con medicamentos ni se “daba cuenta” de los síntomas, pero en los últimos meses “ha sido grave” la búsqueda de su tratamiento.
“Estoy tomando (el tratamiento)(…) porque un vecino murió y yo heredé sus pastillas”, apuntó.
Hoy también se registraron decenas de protestas de ciudadanos hastiados por la pésima prestación de los servicios públicos.
En Petare, la favela más grande de América Latina y ubicada en Caracas, cientos de vecinos del sector Píritu cortaron calles en demanda de la restitución del servicio de agua, que aseguraron falla desde hace al menos dos años.
“Tenemos 2 años sin recibir servicio de agua por tubería, hemos hecho las denuncias (…), pero ellos dicen que el viejo Gobierno que salió dejó todo destruido”, dijo la manifestante Carolina Urbina al canal de noticias en línea VIVOplay, en referencia a la Administración del exalcalde opositor Carlos Ocariz.
Este clima de protestas ocurre en medio de los actos que planea el chavismo gobernante para conmemorar el año de la elección de la oficialista Asamblea Constituyente, que debe redactar la nueva Constitución del país.
En un acto público en Caracas, miembros y exmiembros de la Constituyente recordaron la victoria “histórica” que obtuvieron el año pasado en los comicios, en los que aseguran haber obtenido más de ocho millones votos.
Esos resultados, sin embargo, fueron puestos en duda por la oposición venezolana y por varios Gobiernos después de que la empresa que brindó soporte técnico al Consejo Nacional Electoral informara que su recuento de votos estaba por debajo del anunciado.
Entretanto, el país espera la puesta en marcha de las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que incluyen una reconversión monetaria, un censo de vehículos para el “uso racional” de la gasolina y la revisión de la ley de cambios, una herramienta que rige desde 2003.
La Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, consideró hoy que el anuncio de la realización de un censo vehicular obedece a una “política de racionamiento” que también servirá para el “control político”.EFE