Los tres hombres se sentaron alrededor de una mesa sobre la que uno de ellos había colocado una pistola. A su lado, un pastor alemán con un collar eléctrico con control remoto. “No siempre logro controlarlo”, comentó. Esta escena no pertenece a ninguna película sobre mafiosos…pero podría. Se trata de una de las tantas reuniones efectuadas entre un grupo de seudo empresarios venezolanos, altos funcionarios de PDVSA y sus operadores financieros, todos involucrados en la trama de corrupción y legitimación de capitales destapada por el Departamento de Justicia de EEUU en un tribunal de Miami la pasada semana.
La persona que amenaza es el “bolichico” Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates, uno de los ocho acusados por la Fiscalía de EEUU mencionados en la investigación de corrupción, sobornos y lavado de dinero de Pdvsa, donde también figurarían, según develó el diario El Nuevo Herald, el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín y los hijastros de Nicolás Maduro, hijos de Cilia Flores con Walter Gavidia Rodríguez: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.
El amenazado por Convit Guruceaga es el operador financiero (no identificado en el documento oficial de la acusación) encargado de lavar una parte de los 600 millones de dólares provenientes de una de las decenas de operaciones realizadas a través de una especie de Cadivi paralelo que, violando varias leyes y reglamentos, funcionó en Pdvsa durante la administración de Erik Malpica Flores, vicepresidente de Finanzas y tesorero nacional. El esquema fraudulento venía de los tiempos de Rafael Ramírez y continuó con el sobrino de Cilia Flores y sus operadores financieros.
Durante varios años y con el aparente objetivo de obtener bolívares para cubrir los gastos nacionales, la directiva de PDVSA aprobó la transacción directa de los dólares americanos obtenidos por la venta de petróleo a una tasa especial fijada por la propia petrolera.
Para ello se habrían utilizado compañías escogidas a dedo de asociados como los bolichicos y Raúl Gorrín, entre otros que, sin pasar por subastas públicas ni control alguno, se apropiaron de grandes fortunas en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial, la de Pdvsa y la del mercado negro.
Tal como denunció en mayo el portal CuentasClarasDigital.org, uno de los beneficiarios de este esquema creado por Ramírez y continuado por Malpica Flores, es Raúl Gorrín Belisario. El abogado habría utilizado un conjunto de empresas fantasma nacionales y extranjeras, similares a las usadas en el caso de los sobornos pagados a la ex tesorera de la nación Claudia Díaz, por medio de cuentas en Suiza de su esposo Adrián Velásquez, una de las razones por la que ambos se encuentran detenidos en España a la espera de ser extraditados.
Adrián Velásquez habría recibido por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Gorrín mientras Claudia Díaz se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro y presidenta del Fonden entre 2011 y 2013. La cantidad fue transferida en cinco operaciones realizadas desde las empresas Bellsite Overseas, propiedad de Raúl Gorrín, y Mahogany Comercial, de Gustavo Perdomo – socio de Gorrín -, a Invesco Capital Fund, de Adrián Velásquez. Según los registros bancarios a los que tuvo acceso CuentasClarasDigital, las cinco transferencias tuvieron lugar en 2011 por un total de 28.8 millones de dólares, una parte de los cuales salieron a la luz pública en el caso de los Papeles de Panamá.
Para manejar los bolívares en Venezuela, Gorrín habría utilizado por lo menos seis compañías de fachada que comparten la misma dirección y fueron inscritas en la misma fecha ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Franceschi Dávila, hoy directivo de Globovisión.
Rantor Capital CA y Eaton Global Services, dos de las empresas de maletín usadas en la trama denunciada la semana pasada por el Departamento de Justicia de EEUU, serían parte de las compañías de las que Raúl Gorrín es representante legal o beneficiario final.
La trama de delincuencia organizada transnacional develada en Miami, que habría ocasionado más de mil millones de dólares en pérdidas a Pdvsa, es una de las muchas que saqueó a Venezuela. Las autoridades estadounidenses la bautizaron como Operation Money Flight que en Español ha sido traducida como Operación Fuga de Dinero, un nombre no muy afortunado ya que, como diríamos en Venezuela, los billetes no tienen paticas ni alas. El dinero no vuela ni se fuga: se lo roban los corruptos.
Como relatamos en los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo, una casta cívico-militar disfrazada de revolución le robó a los venezolanos más de 300 mil millones de dólares, sólo entre 2003 y 2015.
La Asamblea Nacional ha aprobado en primera discusión la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción. Es un primer paso. Obviamente, no se podrá ejecutar mientras se encuentre en Miraflores el dúo Maduro/Flores. Por ello es esencial seguir luchando por el cambio político urgente que clama Venezuela para que se haga justicia y poder así recuperar el dinero robado, que tanta falta hace para enfrentar la crisis humanitaria que está matando a los venezolanos.
@TablanteOficial
www.carlostablante.org