La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la “obligación” de actuar en Nicaragua, sacudida desde abril por protestas antigubernamentales que dejan centenares de muertos, dijo el miércoles el secretario general del organismo, Luis Almagro.
AFP
“La defensa de la democracia NO es injerencia, es una obligación que los países asumieron al suscribir la Carta Democrática, la misma que da a la Secretaría General de la OEA potestades para tomar iniciativas, denunciar y proponer soluciones. #Nicaragua #OEAenNicaragua”, escribió Almagro en su cuenta en la red Twitter.
Los “400 asesinados en las calles de Nicaragua” ameritan la acción de la OEA, expresó Almagro en declaraciones a la cadena CNN que publicó junto con el mensaje.
El diplomático respondió así al rechazo del gobierno de Daniel Ortega a la creación de una comisión especial de la OEA para buscar soluciones “pacíficas y sostenibles” a la situación en Nicaragua.
La iniciativa, impulsada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, será considerada el jueves por el Consejo Permanente de la OEA y necesita la mayoría simple de los 34 miembros activos de la organización para ser aprobada.
En una nota de protesta, Nicaragua denunció el proyecto de resolución como una “maniobra política e injerencista” y una “violación” de su soberanía nacional.
La OEA ya tiene presencia activa en Nicaragua.
Desde febrero de 2017, se desarrolla una misión de cooperación para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, acordada por Almagro y el gobierno de Ortega luego de conversaciones iniciadas en octubre de 2016.
Además, tras el estallido de las protestas el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró la anuencia del gobierno de Ortega para evaluar la situación humanitaria en el terreno.
Ante las “graves violaciones de los derechos humanos” constatadas, la CIDH conformó el MESENI, un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones entregadas al gobierno, desplegado el 24 de junio en Nicaragua, donde seguirá “mientras la situación lo requiera”.
También como consecuencia de la visita de la CIDH, la secretaría general y la CIDH instauraron, en acuerdo con el gobierno de Ortega, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos miembros, designados por Almagro, comenzaron a trabajar el 1 de julio.
Este grupo, autónomo e independiente y con mandato inicial de seis meses, debe investigar los hechos de violencia registrados.
Las protestas en Nicaragua, que comenzaron contra una reforma de la seguridad social pero derivaron en masivas manifestaciones pidiendo la renuncia de Ortega, han sido violentamente reprimidas por fuerzas estatales y grupos parapoliciales.
Ortega acusa a los manifestantes de “terroristas” financiados por fondos extranjeros, en particular de Estados Unidos, y denuncia los llamados de elecciones anticipadas, que Almagro y la OEA apoyan, como un intento de “golpe de Estado”.