La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha enviado tres comunicados a la radio Pentagrama 107.3, de Puerto Ordaz, para alertar sobre la difusión de supuesto contenido violatorio en el programa Público y Confidencial.
Desde el SNTP exhortamos a Conatel a cesar en estas acciones intimidatorias y arbitrarias con las que se vulneran derechos humanos colectivos e individuales y genera un clima propicio para la inhibición del debate público.
Nota de Prensa
Por tercera vez en menos de dos meses, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) pretende ejercer, mediante exhortos, presión y censura en contra del programa Público y Confidencial Radio, del locutor Damián Prat.
El programa, transmitido entre 9:00 y 11:00 de la mañana a través de Pentagrama 107.3 FM (con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar), y con cuatro años al aire en esa estación, dedica las transmisiones al análisis de la actualidad política nacional y del mundo laboral de Guayana.
Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), condenamos cualquier intento de intimidación de los organismos reguladores del Estado que vaya en detrimento de la libertad de expresión y que sirva para impedir la crítica y la opinión.
El 28 de junio, la dirección de la emisora recibió el primer exhorto (fechado el 5 de junio con el número 1584) de Conatel en el que reprochaba a Damián Prat por la lectura al aire de un tuit del periodista Alonso Moleiro en el que decía: “Nicolás Maduro es un presidente ilegitimo y usurpador. Su mandato descansa sobre un fraude público”. De acuerdo con la comisión, Prat, al leer ese tuit al aire, “desconoce a las autoridades legítimamente constituidas”.
Ese mismo día, 28 de junio, recibió un segundo comunicado (fechado el 20 de junio con el número 1689). En este, Conatel recriminaba a la emisora que Prat, de nuevo, había desconocido a “las autoridades legítimamente constituidas” por haber leído al aire y analizado el borrador de resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre posibles sanciones en contra del Gobierno venezolano.
El 30 de julio llegó un tercer comunicado que señala, nuevamente: “se observó por parte del prestador de servicio de radiodifusión PENTAGRAMA 107.3 FM la transmisión de una serie de mensajes el día 20 de Junio de 2018, que presuntamente podrían fomentar el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”.
Ese día, Prat señaló, sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que “no tiene autoridad para nada porque es un órgano ilegítimo”. El locutor se refirió y criticó entonces la designación del hijo del diputado oficialista Calixto Ortega como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela.
El comunicado de Conatel concluye con varios exhortos, entre ellos el siguiente: “Abstenerse, a partir de la recepción de esta comunicación de difundir mensajes cuyo contenido presente elementos como los identificados en el programa objeto del presente oficio, que inciten o promuevan el desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas, todo ello de conformidad con los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en procura de un uso corresponsable de los servicios de telecomunicaciones”.
Prat ha señalado que mantendrá la línea crítica ante el Gobierno de Nicolás Maduro, pues considera que se trata de una medida de presión para que la emisora (que respalda su postura) y él mismo manejen el programa bajo censura.
Desde el SNTP reiteramos nuestro apoyo al locutor Damián Prat y a la emisora Pentagrama 107.3 y exhortamos a Conatel a cesar en estas acciones intimidatorias y arbitrarias con las que se vulneran derechos humanos colectivos e individuales y genera un clima propicio para la inhibición del debate público, en lugar de promover la libre circulación de ideas.
Llamamos además a las institucionales nacionales e internacionales, con responsabilidad en las garantías ciudadanas, para que actúen en el sentido de poner coto a medidas discrecionales e ilegales como las denunciadas.