Cientos de médicos se sumaron este sábado a una marcha multitudinaria en Nicaragua, a favor de sus colegas destituidos por el Gobierno, por brindar atención médica a heridos que han protestado contra el presidente Daniel Ortega, en una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos.
“Nos estamos solidarizando con nuestros colegas (…) ya que fueron médicos que por brindar la asistencia, que siempre han dado con pago o sin pago, dentro o fuera de la institución, fueron despedidos”, dijo a Efe la especialista en ginecoobstetricia Lucía Ramírez, durante la marcha en Managua, a la que asistieron miles de personas.
Al menos 125 trabajadores de la salud, entre médicos, especialistas, enfermeras y personal de apoyo, han sido destituidos en los últimos días de los principales hospitales y centros de sanidad de Nicaragua, por haber atendido a manifestantes heridos en ataques de policías, parapolicías, paramilitares o grupos afines a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“Aplican un artículo del Código del Trabajo que en el que simplemente te dicen ‘ya no requerimos de sus servicios’, pero detrás de eso hay un trasfondo que todos saben, ya que coincide que las personas que han estado despidiendo son las que no están apoyando al régimen Ortega Murillo”, sostuvo Ramírez.
Los médicos que participaron en la marcha afirmaron que sus colegas destituidos atendieron a manifestantes heridos en ciudades como León o Masaya, tanto en hospitales como en iglesias.
Incluso los médicos que actuaron en anonimato fueron destituidos porque “los identificaron, o peor aún, los mismos trabajadores de la Salud, por quedar bien con sus jefes, con el Gobierno, les han dado persecución”, señaló la especialista.
Datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), indican unas 2.800 personas han resultado heridas desde el estallido social del 18 de abril pasado, de las cuales 72 tienen lesiones permanentes, muchos de los cuales salvaron sus vidas gracias a la atención médica.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes”, lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega, y Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE