Está claramente establecido en nuestra carta magna que es deber del Estado Venezolano, conjuntamente con la iniciativa privada (así está escrito, la iniciativa privada) promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo para “elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica de nuestro país”. También define que el Estado promueva el desarrollo de la agricultura sustentable como garantía de la seguridad agroalimentaria y del desarrollo rural.
El régimen llega al poder teniendo como bandera la promulgación de una nueva constitución. Bajo el chantaje y la arbitrariedad, logra imponer la nueva carta magna, pero afortunadamente esta constitución no fue totalmente redactada por las hordas radicales del chavismo, si no por el ala moderada (la mayoría de ellos hoy deslindados del régimen), de allí que se mantuvo el respeto a la propiedad y a la iniciativa privada ya establecidos en el derogado texto constitucional.
Una vez que el chavismo radical asume el control del régimen, comienzan las violaciones a la nobel constitución, mediante un entramado de decretos leyes permitidos por la habilitación otorgada por la Asamblea Nacional al poder ejecutivo. Entre los años 1999 y 2014 se aprobaron 15 “decretos presidenciales con rango de leyes”, que afectan al sector agroalimentario. Las más letales de ellas son la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Estas leyes se constituyeron en el “marco legal” para la apropiación, por parte del Inti, de más de seis millones de hectáreas con sus bienhechurías, todas en producción; las “expropiaciones” y tomas forzosas del 60% de las agroindustrias y la monopolización del agrocomercio. Gran parte del sector de almacenamiento de materia prima y del comercio de los alimentos, también fue “expropiado” en el afán del régimen de apropiarse y controlar todas las actividades productivas de los circuitos agroalimentarios.
El saldo rojo de la aplicación de estas leyes, ha sido el saqueo de miles de unidades de producción agrícola y ganadera, la destrucción y ruina de la flota pesquera artesanal e industrial, la monopolización del agrocomercio que ha fomentado la especulación y el “bachaqueo” de los insumos, la paralización del 80% de la agroindustria y el colapso de la oferta de alimentos y de materia prima. Además, el régimen ha cometido ilícitos establecidos en el artículo 113 de la CRBV como: la restricción y la monopolización sobre la producción y el comercio de alimentos y de insumos; el abuso de su posición de dominio sobre los circuitos de la producción de alimentos y por el efecto del control de precios que ha creado una demanda concentrada de alimentos regulados, en detrimento de la población que tiene que estar horas de su tiempo en largas colas o tener que comprar los alimentos con sobreprecio a los denominados “bachaqueros”.
Es evidente el daño ocasionado por la destrucción del sistema privado de la producción de alimentos. En 1998 producíamos toda la demanda nacional de materia prima necesaria para la elaboración de harina precocida de maíz, del café molido, del arroz empacado, de azúcar, de tabaco y de alimentos de consumo directo como las hortalizas, las frutas, plátanos, tubérculos y de productos cárnicos y de la pesca. Suplíamos en más de un 50% la demanda industrial y de consumo directo de lácteos, de pasta de tomate, de concentrados para jugos y otros derivados de las frutas, de maíz amarillo y de sorgo para la fabricación de alimentos balanceados para animales. Además exportábamos café, arroz, plátanos, atún, langostinos, cangrejos y frutas tropicales, logrando así un apreciable comportamiento de nuestra balanza comercial agrícola.
Este régimen se ha convertido en la estafa del siglo XXI, incapaz de garantizar la seguridad alimentaria de nuestra nación. Apenas producimos el 20% de los alimentos demandados por la población y a pesar del aumento actual de los precios del crudo, no hay divisas suficientes para importar, porque para colmo de males, también Pdvsa fue destruida junto con las demás empresas básicas. Quienes estamos pagando los “platos rotos” de esta estafa política somos todos los habitantes de nuestro país, padeciendo innecesariamente esta tragedia de escasez, hiperinflación, hambre, pobreza y desnutrición.
Solamente el cambio hacia un Estado Democrático podrá salvarnos de este horror histórico que padecemos. Un Estado Democrático que promueva el marco legal y las políticas públicas necesarias para desarrollar una agricultura sustentable y la producción de alimentos que nos garantice la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Un Estado Democrático que nos garantice la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, que nos permita un desarrollo armónico de la economía nacional que genere trabajo para elevar el nivel de vida y del consumo de nuestra población. Estamos en el momento preciso de cambiarlo todo.