Lo que hasta hace unas pocas semanas era un delito, ahora ya no, porque el 25 de julio pasado, Nicolás propuso a la Asamblea Nacional Constituyente se levantaran las restricciones y en ese orden, se procediera a derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios, de esta manera, decidió exterminar la norma que prohibía las operaciones en dólares, una decisión destinada a alentar las inversiones extranjeras, en el marco del “Programa de Recuperación Económica” que se implementa presuntamente con la intención de intentar sacar el país de la grave crisis económica que atravesamos en Venezuela.
De esta forma, acto seguido, el jueves 2 de agosto pasado, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano dicho sea de paso, que no está facultado para derogar la Ley, pues es una atribución constitucional otorgada a la Asamblea Nacional, con la presencia en la sesión de los ministros de área económica y el presidente y vicepresidentes del BCV, por unanimidad aprueba el decreto destinado a derogar la Ley “in comento”, propuesta por el Ejecutivo Nacional, orientada a promover el desarrollo del país a través de las inversiones, sin conocerse mayores detalles.
En este orden de ideas, el vicepresidente sectorial para el Área Económica Tareck El Aissami, resultó el encargado de presentar el decreto ante la plenaria del órgano plenipotenciario expresando que el decreto deroga el artículo 138 de la Ley del BCV y asegura que la medida “busca permitir el intercambio económico en divisas convertibles “(…) el propósito del nuevo decreto es frenar la actividad de operadores que fijan un precio irreal de las divisas, lo cual afecta la moneda venezolana a los efectos de garantizar a los particulares su participación en el “modelo económico del país”
Por otro lado, el Presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que todas las divisas que se generen por este mecanismo serán destinadas a la inversión social e indicó que “con esta ley es probable que se le ponga freno a todo este desastre económico que vivimos”, de tal forma que no aceptarán dinero que tenga una procedencia ilegal en las operaciones cambiarias, de modo que “el que traiga dólares debe ser para trabajar, dinero limpio, no estamos interesados en dinero que no tenga una procedencia legítima”
El decreto al que nos referimos es bastante vago en general, aun cuando responde a unas condiciones concretas, establece que desde el 20 de agosto los venezolanos y los actores económicos podrán dirigirse a las casas de cambio autorizadas por el Ejecutivo para realizar sus operaciones de compra y venta de dólares, esto es, sus transacciones con divisas de manera transparente, legal y segura, de manera que la propuesta permitirá que cualquiera pueda comprar divisas, lo que presuntamente combatirá la especulación, ya que busca sentar las bases de respaldo y seguridad a todas las inversiones y operaciones en divisas convertibles, derrotando y superando los marcadores ilegales que tanto daño le han hecho al país.
Sin embargo, el decreto dejó más dudas que certezas en los venezolanos, ya que el mismo no está del todo claro, las condiciones son vagas, y eso incide en la confianza de los posibles inversionistas, ya que presumimos que no se trata de una apertura global sino una permeabilización de las operaciones privadas, camino a un mercado dual, las dudas son enormes: ¿Cómo será el nuevo sistema cambiario? ¿La tasa se regirá por el mercado o la impondrá el Gobierno? ¿Quiénes podrán participar?.
Con relación a la tasa a la cual se podrán adquirir las divisas, el decreto no aclara quién o cómo se fijará la tasa de cambio en las operaciones de compra y venta de divisas que se harán a través de la casa de cambio. En 2015, a través del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) se podían hacer operaciones de menudeo en casas de cambio, pero la tasa era establecida por el BCV. Actualmente está en funcionamiento el Dicom que es un sistema de subastas” donde participan personas naturales y jurídicas, pero el ente emisor también coordina esta actividad. Lo que no sabemos es si desaparecerá este sistema de subastas, ni tampoco qué organismo o que instancia coordinará la política cambiaria que hasta ahora ha estado en manos del Banco Central de Venezuela.
Con relación a la derogatoria del control de cambio que está vigente desde el 2003, no hay respuesta concreta, aun cuando el decreto señala que se derogan todos los ilícitos relacionados con “la actividad de negociación y comercio de divisas en el país”, pero no establece de manera específica, cómo serán administradas las divisas de Estado.
Tampoco está claro si para estas operaciones también participarán los bancos, puesto que solamente fueron mencionadas las casas de cambio, se dijo que el Gobierno autorizará casas de cambio para la compra y venta de divisas, pero, pero no se especificó cuáles al igual que tampoco se trato el tema de la forma de envío de las remesas.
Lo que sí está claro que el decreto surge en medio del descenso de los ingresos en divisas del país, dada la caída en la producción de PDVSA, que genera al menos el 95% de las divisas del Estado, por eso, no es casualidad que se hable ahora de una “flexibilización cambiaria“.
Por otro lado, si bien es cierto que este decreto “flexibiliza” el acceso a las divisas, no existe “disciplina” en materia fiscal y monetaria, tenemos un enorme déficit en estas areas que alimentan la espiral hiperinflacionaria, mas allá de la falta de liquidez monetaria, por lo que la medida resulta absolutamente insuficiente y sus efectos son “limitados”, ya que se requiere la aplicación de otras medidas a los efectos de resolver el problema económico de manera definitiva.
Sin embargo, hay quienes opinan que si a través de este decreto se permite que las operaciones en el mercado privado pueden realizarse libremente y el tipo de cambio se fija por oferta y demanda, en un esquema abierto, de apertura, estaríamos frente a una permeabilización que ayudará a desatrancar importaciones y precios, todo lo cual aniquilaría el mercado paralelo, pero si por el contrario, el gobierno intenta controlar el cambio con operadores sesgados la medida resultara francamente inútil, de manera que cualquier intervención o intento de manipulación por parte del Gobierno destruiría la posibilidad de éxito.
Para otros, la única diferencia con el sistema anterior, es que aparentemente habrá un mercado oficial con una tasa de cambio preferencial solo para el Gobierno y una tasa de cambio distinta para el ciudadano, por lo que con la brecha entre las dos tasas se acrecentará la corrupción ya que estaríamos sencillamente frente a un régimen de cambio dual con una tasa de cambio preferencial y otra paralela.
La verdad es que Venezuela es un país que ha pasado por diversos sistemas cambiarios que a la fecha no han funcionado, eso es una situación que está a la vista de todos, todo ello ha pasado, porque se necesita de algo “adicional”, hay algo que no se ha hecho, en mi opinión urge la intervención de expertos, técnicos en el área, al frente de las medidas a implantar, porque simplemente hoy en día no hay confianza en quienes gobiernan, ni en medidas que se toman solo considerando aspectos político partidistas.
En conclusión la derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no garantiza la promoción de inversiones ni significa en modo alguno el fin de los actos ilegales referentes al intercambio de divisas, todo ello porque se trata de una “medida aislada”, y frente a la crisis que vivimos en el país, hace falta hacer un cambio de fondo en el modelo económico, de lo contrario el país “seguirá atrapado en la espiral hiperinflacionaria, lamentablemente.
MARIA AUXILIADORA DUBUC P.
@mauxi1