Los promotores de un proyecto para legalizar el aborto en Argentina barajan nuevas opciones para poner fin a la práctica clandestina, luego de que su iniciativa fracasó esta semana en el Congreso.
Nina NEGRON / AFP
Aprobada por la Cámara de Diputados en junio, la propuesta que planteaba permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fue rechazada el jueves por el Senado.
Pero la impresionante movilización popular que rodeó la iniciativa presiona fuerte para que se atienda el asunto.
“La agenda nos compromete porque el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas tengan la posibilidad de elegir y planificar su vida”, reaccionó el presidente Mauricio Macri, a la vez que prometió reforzar la educación sexual en las escuelas y la distribución de anticonceptivos.
El gobierno ofreció además aprovechar una inminente reforma al código penal para eliminar el castigo de prisión a aquellas mujeres que se realicen un aborto.
Pero la sola despenalización, que la Iglesia católica favorece, no satisface a los grupos que impulsaron el proyecto pues destacan que no resuelve el asunto de los abortos clandestinos.
Referendo
Daniel Lipovetzky, del oficialista Cambiemos y que tuvo a su cargo el debate en la cámara de Diputados, insiste en la idea de convocar un referendo.
“Proponemos una consulta popular vinculante, que es un mecanismo previsto en la Constitución. Este es un tema del poder Legislativo, no del Ejecutivo”, dijo el diputado este viernes.
Su declaración fue en respuesta al jefe de gabinete, Marcos Peña, quien había descartado la convocatoria a un referendo al decir que “no creemos que una consulta popular sea una opción. Se eligió el debate parlamentario”.
Según una encuesta de la Universidad de San Andrés realizada en el mes de julio, 28% de la población se mostraba muy de acuerdo con el proyecto para la legalización del aborto, 17% algo de acuerdo, 13% algo en desacuerdo y 36% muy en desacuerdo.
¿Otra vez al Congreso?
El colectivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito no ha anunciado aún cuál será su estrategia.
Una vez rechazado el proyecto de ley, no se puede presentar ante el parlamento otra iniciativa hasta el siguiente año.
Para algunos, 2019 no sería un momento oportuno para plantear el debate nuevamente, pues sería presentado ante los mismos parlamentarios que votaron mayoritariamente en contra y es año de elecciones presidenciales y legislativas.
Sin embargo, la vía parlamentaria sigue siendo una opción abierta.
“Hay un dinamismo en seguir presentando el proyecto. Se va a insistir”, aseguró el sociólogo Juan Marco Vaggione a la AFP.
En la clandestinidad
En Argentina, la legislación sobre el aborto data de 1921, cuando se incluyó en el código penal como un delito con penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Las excepciones son cuando hay peligro para la vida de la mujer o si el embarazo es producto de la violación.
Los que se opusieron al proyecto de ley sostienen que se debe “salvar las dos vidas”, y para los casos de maternidad no deseada sugieren la entrega en adopción.
“Hay que cambiar la pena. La mujer muchas veces es la menos culpable”, dijo a la AFP el arzobispo Alberto Bochatey, quien propone “dar auxilio a la mujer para que no tenga que volver a pasar por esa situación y sí dejar la pena para los que realizan el aborto”.
Los expertos aseguran que la prohibición no frena los abortos y que, por el contrario, la legalización los reduce pues va acompañada de programas de educación y atención en salud sexual y reproductiva.
“Los datos más recientes confirman que las leyes de aborto restrictivas no están asociadas con menores tasas de aborto”, dijo a la AFP Laura Laski, exjefa de Salud Sexual y Reproductiva en el Fondo de Población de la ONU e integrante de la Comisión Guttmacher-Lancet.
“Desafortunadamente, el impacto devastador de la legislación restrictiva ha quedado crudamente demostrado en Argentina, donde el aborto inseguro sigue siendo la principal causa de mortalidad materna”, indicó.
Según ONG, en Argentina se realizan unos 500.000 abortos clandestinos al año y un centenar de mujeres muere por esas prácticas.