La Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Estado brasileño, se pronunció hoy en contra del cierre de la frontera con Venezuela, pedido por el estado de Roraima tras incidentes ocurridos en esa región con inmigrantes venezolanos.
En un documento remitido a la Corte Suprema, a la que el Gobierno regional de Roraima solicitó el cierre “temporal” de la frontera, la AGU argumentó que una medida de esa naturaleza es “manifiestamente contraria al orden jurídico nacional e internacional”.
El pedido de las autoridades de Roraima, que habían intentado sin éxito una acción similar hace tres meses, fue presentado después de que, este sábado, un campamento de inmigrantes venezolanos fue incendiado por ciudadanos brasileños.
El ataque ocurrió después de que un comerciante de Pacaraima, un pequeño municipio fronterizo, fue agredido por venezolanos, y generó tensiones en esa ciudad que se ha convertido en la puerta de entrada a Brasil para unos 50.000 ciudadanos del vecino país, que huyen de la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela.
La posición expresada por la AGU refuerza la tesis del Gobierno del presidente Michel Temer, que este lunes ya se había manifestado en contra de una eventual interrupción del tránsito en la frontera.
Según el ministro de Seguridad Institucional de la Presidencia, Sergio Etchegoyen, esa medida sería “impensable”, “ilegal”, violaría las leyes que amparan a los inmigrantes en Brasil y “no ayudaría en nada a la cuestión humanitaria”.
El ministro garantizó que la situación en Pacaraima “ya está tranquila” y subrayó que el Gobierno ha reforzado la vigilancia en la zona, a la que desplazará a 120 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especial de la Policía Federal.
Las autoridades de Roraima, por su parte, alegan que no están en condiciones de responder a las demandas de “salud y seguridad” que imponen los inmigrantes.
Sin embargo, la AGU subrayó que el Gobierno federal ha enviado ayuda financiera e instalado campamentos para atender a quienes llegan desde Venezuela, en conjunto con entidades internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Asimismo, Etchegoyen dijo que se estudian medidas para “acelerar el proceso de transferencia (de venezolanos) a otras regiones y para garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes de Roraima”.
Según cálculos de las autoridades brasileñas, unos 50.000 venezolanos han ingresado al país por Pacaraima durante el último año y medio y muchos se han establecido en Boa Vista, capital de Roraima situada unos 200 kilómetros al sur.
Para atender la situación “humanitaria”, el Gobierno ha instalado campamentos para acoger a los inmigrantes tanto en Pacaraima como en Boa Vista y además ha ofrecido facilidades a los venezolanos para que reinicien sus vidas en otras regiones del país.
Hasta ahora, sin embargo, sólo unos 800 venezolanos han sido ubicados en diferentes ciudades brasileñas, como Sao Paulo, Manaos, Brasilia y Río de Janeiro. EFE