La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) manifestó mediante un comunicado sobre su preocupación ante las medidas económicas anunciadas por el Gobierno bolivariano el pasado viernes 17 de agosto.
“La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) se dirige a la nación para manifestar su preocupación ante las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo nacional; el colapso de los servicios públicos; y la improductividad de las empresas estatales suministradoras de materia prima para nuestro sector. Hechos estos que se traducen en una paralización de la principal actividad generadora de empleo en el país, el sector construcción, promoviendo con ello la inestabilidad económica, social e incluso política, que agobia a la ciudadanía”, reza el texto.
A continuación el texto integro:
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) se dirige a la nación para manifestar su preocupación ante las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo nacional; el colapso de los servicios públicos; y la improductividad de las empresas estatales suministradoras de materia prima para nuestro sector, hechos estos que se traducen en una paralización de la principal actividad generadora de empleo en el país, el sector construcción, promoviendo con ello la inestabilidad económica, social e incluso política, que agobia a la ciudadanía.
El Ejecutivo al dictar las medidas económicas, el pasado 17 de agosto, no consideró las consecuencias que estas tendrán sobre los sectores productivos. Las medidas que constituyen el “Plan de Recuperación Económica”, al ser formuladas sin el consenso necesario e instrumentarse de manera parcial, contradictoria y confusa, generan incertidumbre y no atacan las verdaderas causas de la hiperinflación, la escasez, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de la población.
La maxidevaluación decretada y el aumento desproporcionado del salario, con el consecuente incremento de los pasivos laborales, han pulverizado el capital de las empresas.
En adición, la carga impositiva impuesta al ciudadano y a las empresas, con lo que se pretende sufragar el déficit fiscal, resultan en una carga imposible de soportar. Déficit, producto de la forma irresponsable y poco transparente como se han manejado los dineros públicos, que incluso han generado decisiones y escándalos por corrupción, así como de la improductividad de: PDVSA, empresas básicas y empresas gestionadas por el Estado y de la destrucción del aparato productivo nacional.
Analizando únicamente el sector construcción:
En materia de viviendas, el Estado ha erogado a diciembre 2016, según declaraciones del presidente de la República, una cifra que supera los US$ 95 mil millones, para construir un millón ciento sesenta mil unidades, resultando un costo promedio de US$ 82.000 por unidad. Esto representa a precios internacionales, un sobre costo estimado de más de 78 mil millones de dólares americanos.
En materia de infraestructura la crisis es alarmante. Después de haber erogado una cifra cercana a los US$ 112 mil millones, monto suficiente para duplicar la infraestructura actual, hoy en día pasamos de haber sido líderes en Latino América a ostentar el penúltimo lugar a nivel del continente y ocupar el lugar 121 de 138 en el mundo. De estos US$ 112 mil millones, 44 mil millones corresponden a obras inconclusas que no prestan ningún servicio a la población, lo que evidencia la ineficiencia del gasto y la falta de transparencia y planificación.
La sumatoria del sobre costo en viviendas y la erogación en obras no concluidas, representan más del 80% de nuestra deuda externa. Cabría preguntarse entonces ¿Es al ciudadano y a las empresas privadas, a quienes quieren imponer la carga de sufragar el déficit fiscal, los responsables de haber generado el déficit? La realidad es que el Gobierno nacional es el único responsable de haber dilapidado la mayor bonanza económica de nuestro país.
Es por lo antes expuesto que no creemos que las medidas económicas anunciadas y aún en proceso de confusa instrumentación, conduzcan a una reactivación económica del país. Es condición indispensable para la reactivación económica contemplar un plan concertado de inversión y recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura nacional, que permita apalancar el crecimiento de la economía sobre la base de la productividad.
Un plan para la recuperación de la infraestructura del país, no solo requiere voluntad política y legislación adecuada que estimule las inversiones, requiere insumos y fuentes de financiamiento.
En materia de insumos, la situación es crítica, la producción de acero, que está en un 90% en manos del Estado, elemento esencial para cualquier obra de infraestructura, se encuentra paralizada. Solo opera en manos privadas la Siderúrgica del Zulia, la cual producto de la crisis eléctrica, solo produce durante 6 horas diarias, a un 25% de su capacidad instalada. En similar situación se encuentran las empresas cementeras nacionales que solo producen un 30% de su capacidad instalada.
En materia de financiamiento, la banca pública y privada se encuentra descapitalizada,incapaz de financiar el desarrollo económico del país. Es por lo tanto indispensable recuperar el crédito internacional, pero ¿Cómo recuperar el financiamiento externo si el Gobierno insiste en mantenerse al margen de la constitucionalidad, desconociendo la Asamblea Nacional?
Nuestro querido país atraviesa actualmente por la mayor crisis económica, social, política y de valores de nuestra historia Republicana, estimándose una estrepitosa caída del PIB en los últimos 5 años por el orden del 56%. Su recuperación pasa indiscutiblemente por un cambio de modelo:
En lo económico, se requiere con urgencia la eliminación del gasto público ineficiente, disciplina fiscal, implementar un sistema cambiario libre y flexible y libertad de precios, así como una política consensuada para la reactivación del aparato productivo.
En lo político es fundamental definir un nuevo proyecto de país, que erradique de manera definitiva el clientelismo, la corrupción y las dádivas gubernamentales, que conforman las políticas actuales. Sin este cambio será imposible generar confianza en nuestra economía.
¡El Estado pretende gastar y comprometer lo que todavía no se ha producido! Es impostergable adelantar un plan de reinstitucionalización, un giro de ciento ochenta grados, para pasar del capitalismo de Estado al Estado promotor de la iniciativa privada; del Estado centralizador al Estado descentralizado. En esencia del Estado excluyente al Estado incluyente que procure la prosperidad de todos.
En materia social, se requiere con urgencia la creación de empleos productivos, para fortalecer el poder de compra del salario real de nuestros trabajadores. Mientras esto se logra, es necesario contar con la ayuda humanitaria internacional. No se puede seguir sometiendo al pueblo venezolano a mayores sacrificios. La política salarial recién decretada y aún por ejecutarse, eliminará miles de empleos y empresas en muy corto plazo. ¡Nuestra población está depauperada!
Los venezolanos requerimos con urgencia una visión de país compartida, para ello, es imprescindible la participación de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Debemos olvidar la confrontación, abandonar la arrogancia, reencontrar la paz ciudadana y ello solo lo lograremos entendiendo que la defensa de nuestras ideas, por ser diferentes a las del otro, no nos transforman en enemigos de aquellos que discrepan de estas.
Reconozcámonos el uno al otro. Construyamos juntos en Democracia y Libertad, la Patria de la cual todos nos sintamos orgullosos. Honradez, deber y país es lo que nos motiva.
Caracas, 22 de agosto de 2018.