Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazaron este jueves la impunidad sobre el caso de los 72 migrantes latinoamericanos masacrados en 2010 en México, un caso por el que nadie ha sido condenado, mientras familiares de víctimas exigieron una comisión de la verdad al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.
AFP
Con ocasión del octavo aniversario de la masacre ocurrida en Tamaulipas, un violento estado del norte de México fronterizo con Estados Unidos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades “la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas”.
Los familiares “han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados” y dificultades para conocer las investigaciones, añadió la institución en un comunicado.
En la matanza, ocurrida en el rancho de San Fernando, murieron ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil que habían sido secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.
Según autoridades mexicanas, los migrantes fueron asesinados por integrantes del sanguinario cartel Los Zetas porque rechazaron integrarse a sus filas.
Los familiares de ocho víctimas recibieron restos que nunca fueron plenamente identificados, seis de ellos de Guatemala, uno de Brasil y otro de El Salvador, dijo a la AFP Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, tras una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI) en Ciudad de México.
“Aunque sea doloroso, queremos saber qué le pasó a nuestra familia, por qué desapareció (…) La herida no ha sanado y no sanará nunca”, pidió Bertila Osorio, una mujer de El Salvador cuyo hijo fue asesinado en Tamaulipas.
Para Erika Guevara, directora de la oficina regional de Amnistía Internacional, los migrantes siguen siendo víctimas “de una violencia que viene desde el Estado” y sufren “los peores horrores, como secuestros, trata, ejecuciones extrajudiciales, tortura, pero sobre todo el hecho de que no se puede garantizar que estos actos tan atroces no se vuelvan a repetir”.
El presidente electo López Obrador, que asumirá el cargo en diciembre próximo, ha prometido una comisión de la verdad para casos emblemáticos de masacres o desapariciones, aunque no ha quedado claro cuál sería su figura legal.
“Nosotros le tomamos la palabra al gobierno entrante, sí queremos una comisión de la verdad, donde también tendrán que colaborar los países de Centroamérica”, dijo en la conferencia Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
México indemnizó el miércoles en Quito a un sobreviviente de la masacre y a las familias de cinco ecuatorianos fallecidos, por montos que no fueron revelados por razones de seguridad.
Procesos parecidos de reparación se siguen con las víctimas de los otros países, aunque no se ha llegado a acuerdos.