La pugna armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa deja seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena. Se trata de un crimen que corrobora la conflictividad que el Estado no ha podido controlar, a pesar de haber ejecutado distintos proyectos como la reconversión minera. Por el contrario, los conflictos aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta, publica Correo del Caroní.
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Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó este jueves una nueva matanza causada por la pugna de yacimientos auríferos en el estado Bolívar.
En esta oportunidad, el crimen ocurrió en una mina del sector El Silencio de la población de Maripa, en la desembocadura del río Matu, capital del municipio Sucre, al centro este de la entidad.
Los uniformados reportaron que seis personas fueron asesinadas en el lugar; dos de ellas pertenecientes a una tribu indígena y cuatro sujetos que al parecer forman parte de un grupo delictivo que opera en el sector y que comúnmente adoptan prácticas del pranato carcelario y de las mafias de la construcción.
Integrantes de la tribu Hibi de la etnia Cariña denuncian que grupos parapoliciales -conocidos como sindicatos- establecieron una alianza con otra tribu indígena denominada Sanema para tomar el control de la mina, siendo este el origen del enfrentamiento armado que derivó en seis muertes.
Entre los fallecidos está el capitán de la tribu Hibi, Misael Julio Ramírez, de 45 años, y su hijo, Milson Dorangel Rondón Reina, 18 años, cuyo cuerpo no ha sido localizado.
De acuerdo con la versión policial preliminar, los otro cuatro fallecidos pertenecen al sindicato de El Silencio. Los delincuentes fueron decapitados y sus cuerpos fueron regados en la zona.
Gcapitularrupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento. El Estado sigue sin escuchar los planteamientos de los pueblos indígenas.
La Asociación Civil Kapé Kapé, defensora de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, se hizo eco del hecho de sangre, exigiendo al Estado esclarecer este caso, así como atender las demandas que cuestionan la voracidad extractivista en el estado como parte de la sobrevivencia económica.
Las víctimas presentaban heridas por arma de fuego y arma blanca. El caso está siendo investigado por funcionarios del Cicpc, Eje de Homicidios Ciudad Guayana.
Una fuente militar detalló que la situación no es nueva y dio cuenta de que las tribus cuentan con armamento para resguardar sus territorios e intereses.
El espejo de las guerras del oro en África
“Esta situación se adiciona a la ocurrida entre comunidades pemones y la delincuencia minera armada, frecuentemente con apoyo de grupos oficiales está escalando de manera grave”, advierte Alejandro Álvarez, biólogo egresado de la UCV, con doctorado en Ciencias, mención Ecología, de esta misma casa de estudios.
“Esa situación debe ser detenida antes que los niveles de violencia escalen aún más y alcancemos los trágicos episodios de las guerras del oro en el África oriental, especialmente en la República Democrática del Congo, Sudán y Ghana”, señala el activista de los derechos a un ambiente sano.
“Estas guerras estuvieron impulsadas por grupos criminales que bajo el manto de supuestas liberaciones nacionales generaron violaciones masivas de derechos humanos, saqueos y destrucción masiva de los recursos naturales de esos países, siendo factores importantes en las emergencias humanitarias de la zona y en la destrucción de las instituciones nacionales que tendieron hacia Estados fallidos”, sostiene el ambientalista.
Una de las luchas más recientes de los pueblos indígenas está relacionada con la incursión de la minería en sus tierras, que hoy amenaza con magnificarse gracias al proyecto del Arco Minero, que contempla la explotación en territorios de dan cobijo al menos a 100 comunidades indígenas.
Aunque la consulta previa está consagrada en la Constitución y en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que ancestralmente habitan los espacios que se verán afectados por este mega proyecto no fueron consultados tal y como lo establecen estos instrumentos legales de nuestro país, e incluso en convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), enmarcado en el Sistema Universal de Naciones Unidas.
Sin embargo, la emergencia humanitaria en Venezuela ha conllevado que varias comunidades indígenas están participando de la explotación del oro ilegal como único sustento de vida, en un clima hostil controlado por bandas armadas y una actuación cómplice de los cuerpos militares, todo ello en un coctel de violencia que se reflejó en la masacre de Tumeremo y otras tantas que han conmocionado al país.
Durante este año 2018, grupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento, señala la organización Kapé Kapé.
Su petición no es otra que el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas que ordena el reconocimiento y garantía por parte del Estado “a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.
El costo humano y ambiental del Arco Minero
La criminalidad vinculada al negocio ilegal del oro tiene como paraguas el decreto firmado en 2016 por el presidente Nicolás Maduro llamado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el cual abre la explotación de recursos minerales en una de las áreas de mayor diversidad biológica y cultural de Venezuela.
El Arco Minero vino a institucionalizar la devastación ecológica y social en el sur de Venezuela. La caída de los precios petroleros en 2014, el fracaso en las políticas económicas (entre ellas, el motor minero) y la conflictividad política se han traducido en una nueva apuesta de Miraflores: la explotación minera en un territorio de más de 112 mil kilómetros cuadrados. En esta región, el mercurio y la sangre se mezclan. Así como la violencia, la anarquía y la impunidad. La plataformadigital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco en un reportaje titulado Explorando el Arco Minero.