Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños son los miembros de un matrimonio venezolanos. Estos concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano, publica armando.info.
Por ANDREINA ITRIAGO
A las 8:50 AM del 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San Alessio, con la penúltima importación del año de Agropatria: unas 1.400 toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa panameña relativamente nueva y poco conocida en el sector: Techno Farm Corp.
Aunque era la primera vez que enviaba sus productos al país, los venezolanos detrás de la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en 2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo, Agroisleña. En abril de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical Co., que tenían como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a su nombre, según el registro que tiene la compañía global de datos comerciales Panjiva sobre esta carga, figuraba el de César Omaña.
Un año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, con el que no solamente el Gobierno de este país quiso confiscar un inmueble que reclamó Omaña, por la vinculación del apartamento con “negocios de transmisión de dinero sin licencia”, según se lee en la demanda; sino que, además, reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a su mujer, la también directora de Techno Farm Corp, Mariela Pereira, por “infracciones federales y penales” relacionadas con la demanda al inmueble y por otras transacciones.
Entre los alegatos del gobierno estadounidense destaca que, en febrero de 2013, una de las empresas del entramado que dirigía la pareja en la Florida recibió casi 800.000 dólares de la sucursal en Curazao del Banco Industrial de Venezuela (BIV) -estatal, hoy desaparecido-, de parte de Agropatria; y que, antes de eso, en diciembre de 2012, recibió casi un millón de dólares desde el Banco Central de Venezuela (BCV), ordenados por la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las sumas son tan solo una parte de los casi once millones de dólares que, entre 2012 y 2013, pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva Techno Bio Corp.
Y hay más. Solo en abril de 2013, la cuenta de otra de las compañías del entramado, Holland Daily LLC, recibió casi tres millones de dólares “de lo que parecen ser cuentas del Gobierno de Venezuela”, según se lee en la demanda. El pago, hecho en tres transferencias, representa más de la mitad de los casi seis millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank de esta compañía, entre los años 2011 y 2013.
Según revela la demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar, en 2014, un apartamento valorado en unos 545.000 dólares, ubicado en la tercera calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados Unidos ese mismo año.
Lo demás, y lo que provenía de las otras múltiples transferencias que recibían desde Venezuela y otras partes del mundo las muchas compañías de Navas, Pereira y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en la Florida y también fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan variados como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía, electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro, viajes, una compañía de turismo, e incluso tierras y casas. El dinero también se movía a las cuentas personales de Navas y su esposa.
Lo curioso, según destaca el gobierno de Estados Unidos, es que estos pagos se hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos normales de una empresa, como nómina, utilidades o renta.
El expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los intríngulis de una historia con tres protagonistas y muchas empresas, entre ellas Techno Farm Corp -con la que Agropatria estrenó las importaciones de 2018-, y que se desarrolla principalmente en tres países: Estados Unidos, Panamá y Venezuela.
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