El gobierno de Guatemala defendió este jueves la decisión de no renovar el mandato de una comisión antimafias de la ONU y prohibir el ingreso al país de su jefe.
AFP
Esta medida recibió duras críticas dentro y fuera del país, pero este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo respaldó al gobierno de Guatemala.
El presidente Jimmy Morales, en una declaración a la prensa, justificó la decisión al no poder alcanzar un consenso con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la actuación del colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El mandatario aseguró que la presencia de Velásquez en el país es un riesgo “al orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país”.
En medio de la polémica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo sostuvo el jueves una comunicación telefónica con Morales en la que “reiteró el apoyo” del gobierno estadounidense “a la soberanía guatemalteca”, informó en un comunicado la embajada de ese país en Guatemala.
“El secretario (Pompeo) expresó el apoyo continuo de los Estados Unidos para una Cicig reformada, y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala en la ejecución de las reformas durante el año que viene”, agregó el texto.
Al defender su postura, Morales dijo que la decisión de prohibir el martes el regreso de Velásquez a Guatemala fue recomendada por el Consejo de Seguridad Nacional, y no “violenta o rompe el constitucional de Guatemala”.
El gobernante prohibió el ingreso al país a Velásquez, cuatro días después de anunciar que no renovará el mandato de la Cicig, dependiente de la ONU, el cual vencería en septiembre de 2019.
Las decisiones se tomaron en momentos en que la Cicig y la Fiscalía pidieron levantar la inmunidad del mandatario para investigarlo por financiamiento ilícito en los comicios de 2015, cuando fue electo presidente.
Las ordenes del mandatario buscan ser revertidas por amparos presentados por activistas y el Ombudsman en la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, basados en resoluciones emitidas hace un año por ese ente que frenaron un intento del gobierno para expulsar a Velásquez.
Martín Guzmán, secretario de esa instancia, dijo este jueves que pidieron informes a las autoridades previo a resolver las solicitudes y establecieron 48 horas para recibir la información.
“Estructura paralela”
Morales pidió a la ONU nombrar un sustituto hasta el fin de su mandato, pero Guterres indicó que Velásquez, un exmagistrado colombiano, seguirá al frente de la Cicig desde el exterior.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año cuando pidió, junto a la Fiscalía, levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.
El Congreso rechazó ese pedido, pero la Cicig y la Fiscalía renovaron la solicitud en julio pasado.
Sectores humanitarios, indígenas, académicos, campesinos y universitarios rechazaron la decisión del presidente y advirtieron que la crisis puede desembocar en una fractura institucional.
Ante ello, el gobernante señaló este jueves que respetará el mandato de la entidad y aseguró que la no renovación de la prórroga no es por asunto personal y que no afectará las investigaciones de casos de corrupción.
Morales reiteró también que su gobierno está comprometido con “la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva”.
Asimismo aseguró que después de once años de trabajo de la Cicig en el país, las instituciones se han fortalecido y “ahora es tiempo que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de seguridad y justicia”.
Además, el mandatario lamentó “la pasividad” de la ONU para atender sus reclamos sobre las acciones de la Cicig.
En tanto, la canciller Sandra Jovel, dijo que la Cicig se convirtió en un ente paralelo incrustado en el Estado, similar a aquellos que debía combatir desde su creación en 2006.
“La Cicig se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”, afirmó Jovel.
Aseguró que Guterres y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala.
“Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros, es inaceptable y contrario a los propósitos de Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional”, afirmó.
La jefa de la diplomacia comentó que las acciones de Velásquez “han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetando las garantías procesales, polarizando además a la sociedad al abusar y extralimitarse en su mandato”.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras en un comunicado llamó al gobierno guatemalteco y a la ONU a “hacer sus mejor esfuerzo” para llegar a un acuerdo “en aras” de la paz y convivencia social.