La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó este jueves la destitución y acusación contra el juez supremo César Hinostroza y cuatro exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presuntamente integrar una red de corrupción en la judicatura.
La subcomisión legislativa acordó igualmente inhabilitar a Hinostroza y a los exconsejeros de la función pública por 10 años, tras aprobar, por mayoría, el informe final sobre la denuncia constitucional en su contra.
Hinostroza y los exconsejeros están comprometidos en las investigaciones de la Fiscalía contra la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia de corrupción descubierta en los juzgados del Callao y Lima con la participación de magistrados, funcionarios judiciales y operadores políticos.
Los exconsejeros Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Vásquez Benites y Guido Aguila, al igual que Hinostroza, serán denunciados por tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho pasivo específico y por formar parte de una organización criminal.
Previamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó excluir del informe toda mención al legislador fujimorista Héctor Becerril, del partido Fuerza Popular, aludido en las conversaciones de Hinostroza sobre un presunto encuentro con la lideresa de su grupo político Keiko Fujimori.
El juez Hinostroza resolvió un recurso a favor de Fujimori en el proceso que tiene abierto por presunto lavado de activos, y, de acuerdo a los audios incautados a Los Cuellos Blancos del Puerto, se reunió supuestamente con la lideresa de Fuerza Popular antes de emitir su resolución.
La acusación constitucional contra Hinostroza y los exconsejeros debe ser refrendada por la Comisión Permanente y en el pleno del Congreso, antes de pasar al Ministerio Público (Fiscalía) para que presente una acusación penal en el Poder Judicial.
El escándalo de corrupción revelado en los audios de los jueces involucrados en Los Cuellos Blancos del Puerto provocó el anuncio del presidente peruano, Martín Vizcarra, de llevar adelante una reforma del sistema político y de la administración de justicia.
Ayer, el jefe del gabinete ministerial, César Villanueva, se presentó ante el pleno del Congreso para pedir su confianza a cuatro reformas constitucionales, que espera poder ratificar en referéndum en diciembre próximo, ante una aparente lentitud en su debate.
El Parlamento le dio su confianza al Ejecutivo, bajo el compromiso de aprobar las reformas antes del 4 de octubre, a pesar del enojo de la lideresa opositora Keiko Fujimori que calificó a Vizcarra de haber intentado “un golpe de Estado” por sugerir que podía cerrar el Congreso, si no recibía el respaldo del Legislativo.
EFE