El ministro de Defensa será invitado al Congreso a explicar por qué en el Presupuesto General de la Nación 2019 se incluyeron 1,1 billones de dólares para fortalecer el sistema antiaéreo.
Por Hugo García Segura / El Espectador
Una solicitud del Ministerio de Defensa, incluida a última hora en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019, ha llamado la atención de sectores políticos de oposición, hasta el punto de que buscan que el jefe de esa cartera, Guillermo Botero, vaya esta semana al Capitolio a dar explicaciones. Se trata de los $1,1 billones que se piden para el “fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”, asunto que, según la senadora Aída Avella, de la Lista de los Decentes, genera dudas cuando en el ambiente se oyen tambores de guerra de una posible intervención militar extranjera en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. “¿O es que necesitan baterías antiaéreas para defenderse del Clan del Golfo o de las disidencias de las Farc?”, pregunta la congresista.
Hay señales que alimentan las suspicacias: la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace algunos meses le planteó a su gabinete la opción de invadir Venezuela alegando cuestiones de seguridad nacional; las palabras del nuevo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, señalando que frente al vecino país todas las posibilidades deben considerarse, y la decisión del gobierno de Iván Duque de no suscribir la declaración del Grupo de Lima, en la que se rechazó “cualquier curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela”. Hoy la tensión crece e incluso desde el otro lado de la frontera se han escuchado voces, como la del diputado Pedro Carreño, visualizando un eventual teatro de confrontación con Colombia, como respuesta a un ataque estadounidense.
El escenario no es nuevo. A mediados de noviembre de 2009, en medio del agudo choque verbal que en ese entonces protagonizaban los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, los ministros de Defensa, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores fueron citados por la Cámara de Representantes a una sesión reservada para evaluar el riesgo de una agresión desde Venezuela. En el informe, conocido por El Espectador, se concluía que, de llegarse a esa situación extrema, el país tenía varios puntos vulnerables, pues carecía, precisamente, de sólidos sistemas de defensa antiaérea. La Guajira, los puertos del Caribe (Barranquilla, Santa Marta, Coveñas, Turbo y Puerto Bolívar, a excepción de Cartagena) y los del Pacífico (Buenaventura y Tumaco), no tenían poder de respuesta.
Frente a un eventual ataque aéreo, una de las fortalezas estaba en el sistema de vigilancia y alerta temprana, compuesto por sensores radar instalados a lo largo y ancho de la geografía nacional en ese año, con cubrimiento del 50 %. Pero a las preguntas de cómo estaban las defensas aéreas de Bogotá y la protección del alto gobierno, así como la de las refinerías del país, el ministro de Defensa de la época, Gabriel Silva, contestó: “En la actualidad no se cuenta con este tipo de sistemas en la ciudad de Bogotá ni en las refinerías”. La conclusión: un ataque aéreo desde Venezuela sería muy lesivo para Colombia.
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