El artículo 471-A del Código Penal Venezolano penaliza a quienes “con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terrenos, inmuebles o bienhechuría ajenas” con “prisión de cinco años a diez años y con multa de cincuenta unidades tributarias a doscientas unidades tributarias” a quienes incurran, promuevan u organicen la invasión. También señala el mencionado artículo: “se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en la zona rural”
El artículo 115 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad y establece que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. La Carta Magna en su artículo 305 señala: “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Los que nos dedicamos a la actividad de la producción agrícola (vegetal, pecuaria y pesquera), lo hacemos amparados e inspirados principalmente en estos dos artículos constitucionales y nos sentíamos protegidos por el artículo 471-A del Código Penal Venezolano.
Ahora bien ¿Quién es el delincuente aquí? El que promueve, organiza y actúa para invadir una unidad de producción agrícola o el que honestamente desarrolla una actividad lícita para ofertar alimentos a la población como propietario de la unidad de producción invadida. Desgraciadamente para el régimen el delincuente es quien produce honestamente.
La formación dogmática de los jerarcas del régimen les hace creer que los productores, los emprendedores y cualquiera que se atreva a desarrollar una actividad productiva independiente por más lícita que esta sea, especula a la población, explota al trabajador, practica la usura y hasta es un ladrón. Esta forma de pensar es la característica de los jerarcas de los regímenes comunistas y es por ello que el desprecio por la actividad productiva privada ha conducido a las naciones que han tenido que soportar este yugo, a la miseria más espantosa que pueda soportar un ser humano.
Los regímenes comunistas que tácticamente han permitido el desarrollo productivo privado, a pesar de mantener su régimen político totalitario, se han convertido en potencias económicas, como es el caso de China y Vietnam, pero aquellos que conservan el dogma anti empresarial privado están condenados al fracaso y tienen sus días contados. El dogma anti empresarial privado elimina el desarrollo de la producción de bienes y servicios que benefician a la nación y limitan también la oferta de empleos decentes para la población económicamente activa.
Generalmente estos personajes que sufren de fobia hacia el sector de la producción privada, nunca han pagado una nómina laboral con recursos que ellos hayan generado con su esfuerzo productivo y muchos de ellos detentan grandes fortunas sin haberlas producido. Ellos son los responsables de que nuestra población esté padeciendo una de las crisis humanitarias más terribles que haya podido soportar nación alguna en el mundo, su mala praxis económica y la corrupción de la cual se han beneficiado nos han arrojado por el precipicio de la pobreza, del hambre, de la escasez y de la desnutrición.
Este es un régimen que ya perdió sus valores morales, o será que nunca los tuvo, que confunde calculadamente gente honesta con delincuentes. Un régimen que ha permitido que la impunidad campee libremente por nuestro país. Esta es una más de las tantas razones por las que debemos cambiar este gobierno. En el gobierno democrático la prioridad será estimular la producción nacional y dotar de todos los recursos necesarios para que el país logre el autoabastecimiento alimentario de todos los rubros que puedan cultivarse en el país e impulsar la ganadería para mantener una oferta suficiente y oportuna de productos cárnicos y lacteos. Estamos trabajando en ello, tenemos la fuerza suficiente para echar al país hacia adelante.
Fernando Camino Peñalver