La tal constituyente ni siquiera cumple con las más mínimas formalidades para simularse, convertida en tribuna de opinión de sus más aventajados miembros. A nadie le consta el número de sus sesiones, niveles de asistencia, supuestos debates, sincerada como una oficina subalterna de Miraflores. Congreso permanente del PSUV, al fin y al cabo, adquiere o adquirirá importancia en la medida que sirva de franco escenario a las pugnas de las variadas corrientes del poder que, incluso, desean sobrevivirle en sus horas postreras.
Dirá prolongar sus funciones, según le interese al artefacto fraudulento y no porque tenga por referencia el proceso constituyente que llegó a doce años en La India de las complejidades consabidas, sino por la experiencia vivida en la Cuba que proclamó la vigencia de la Constitución de Batista, permitiéndole a los Castro hacer lo que se les antojara hasta arribar a un texto nada ejemplarizante, a mediados de los setenta del veinte. Igual, la dictadura habanera hace lo que le viene en gana y, oído al tambor, tiene hasta la ocurrencia de plebiscitar periódica y exclusivamente al único partido existente, celebrado por los más incautos como una elevada práctica democrática.
Entendemos, fueron casi 300 sesiones las invertidas por la comisión de reforma constitucional para la especializada labor de concebir y consensuar el proyecto de 1961; o 63 sesiones afanaron a la constituyente de 1999, por cierto, con un disminuido porcentaje de discusión del texto por cuya vigencia hoy luchamos, pues, resulta inconcebible que no contemos con unas reglas fundamentales de convivencia. Por ello, la obvia relevancia del principio de publicidad de todos y cada uno de los más genuinos y legítimos actos constituyentes, entre otros de los aspectos o facetas existenciales completamente ajenas al artefacto en cuestión.
Por estos días corre la versión de una elaborada y consumada propuesta constitucional que, innecesarias las dotes de adivinador, nos remite a un vulgar encargo, seguramente de factura cubana, al que muy pocos tales-constituyentistas acceden. Voceros calificados de la dictadura desmienten el proyecto, pero ya hay experiencia ganada en torno a la calculada filtración de iniciativas que temen por las más inmediatas reacciones: sembrado el rumor, en cualquier momento circulará una versión escrita que prosperará y nos sorprenderá de contar con el favor de los sondeos de opinión, en los que tozuda y puntualmente se afinca el régimen y, así, indagarán cuán lejos puede llegar – a modo de ilustración – el matrimonio igualitario y cuál consistencia tendrá el soporte social indispensable para una operación fraudulenta.
Además, la maniobra de diversión cuenta con invalorables recursos de promoción, pues, en una acera, compiten dos constitucionalistas por transmitir la versión auténtica del proyecto, uno de los cuales sueña con una tal ley constituyente para apoltronarse en el rectorado de la UCV, en el peor de los casos. Y, en la otra, algo inverosímil, pulverizadas las lecciones de los últimos años, los hay dispuestos a participar en el plebiscito a que dé lugar, ya que – en última instancia – lo creen como una irrenunciable práctica democrática.