Al tiempo que el país vive una catástrofe humanitaria, el Gobierno nacional junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) se dedican a concentrar fuerzas en favor de los intereses políticos del oficialismo para los comicios municipales del 9 de diciembre.
Por Acceso a la Justicia
Al igual que en votaciones anteriores, el CNE quiere mostrar al país la aparente legalidad de las venideras elecciones, pero para Acceso a la Justicia la falta de independencia política del órgano electoral y, en especial, los mecanismos extraconstitucionales implementados en las últimas cuatro votaciones celebradas en el país para favorecer al partido de gobierno, brindan poca credibilidad y no garantizan la legitimidad del próximo proceso electoral.
Cancelación de partidos opositores
Desde que se convocó la celebración de estos comicios, el CNE ha demostrado el uso arbitrario de sus funciones, en concreto, al privilegiar a la organización política gobernante con la práctica antidemocrática de invalidar a los partidos de la oposición a partir de un procedimiento injustificado y distinto del contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con la única intención de negarles su participación en la contienda del 9 de diciembre.
Como se ha advertido, desde enero de 2016 el CNE ha emprendido acciones contra las organizaciones políticas del país a través de un esquema avalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), orientado, justamente, a entorpecer y restringir la participación en los eventos electorales de los partidos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro y, particularmente, asegurar la longevidad del régimen.
Se trata de una ilegalidad no sustentada en la normativa electoral que atenta contra el pluralismo político y el respeto por la preeminencia de los derechos y las libertades fundamentales (artículo 2 constitucional), con el fin de vaciar los derechos políticos, concretamente el de la participación en los asuntos públicos (artículo 62 constitucional).
En ese sentido, no es casual que el CNE fundamentándose en el Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales dictado por la írrita ANC haya impuesto a las organizaciones que dejaron de participar en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo validar sus nóminas para que consiguieran legitimarse y poder participar en las municipales.
De hecho, tras tomarse la decisión de convocar a elecciones, el CNE dio a conocer que las organizaciones Acción Democrática (AD), Nueva Visión Para mi País (Nuvipa), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) y Generación Independiente (Gente) debían validarse según el decreto de la írrita ANC, el cual tiene un sesgo evidentemente partidista, además de desviarse de los principios democráticos y, sobre todo de la finalidad de las normas relacionadas a la cancelación de las organizaciones políticas pautadas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Frente a este tipo de arbitrariedades, las organizaciones en cuestión rechazaron participar en el proceso de renovación impuesto por el CNE. De momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial acerca de la cancelación de estos partidos políticos. Sin embargo, en su cuenta Twitter la rectora principal Tania D’Amelio dio a conocer el pasado 11 de septiembre que participarán en los comicios municipales “las 21 organizaciones políticas nacionales vigentes en el CNE, son (por sus siglas): PSUV, AP, COPEI, MAS, MOVEV, MEP, Somos Venezuela, MPAPC, ORA, PCV, Podemos, PPT, Tupamaro, UPV, UPP89, El Cambio, CMC, ACEP, FDC, LAPIZ, SPV. Estas 5 últimas de reciente inscripción en el CNE”.
Lo anterior puede traducirse en que las organizaciones AD, Nuvipa, UNT y Gente quedaron canceladas automáticamente, tal como ocurrió con Puente y Voluntad Popular, que también rechazaron acudir al proceso de validación ordenado por el CNE meses atrás.
Para Acceso a la Justicia, estas circunstancias no contribuyen a brindar mayor credibilidad y confiabilidad a un proceso electoral en donde se ataca a sectores políticos de la oposición, y sobre todo impiden el derecho de libertad de elección, propio de cualquier sistema democrático, pues el elector no puede votar por los partidos de su preferencia.
Además se promueve un tratamiento desigual entre las organizaciones partidistas, lo que es violatorio del derecho fundamental de igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 21 de la Constitución. En resumen, la eliminación de partidos sólo lleva a que el oficialismo tenga la oposición que él mismo elija y no la que los ciudadanos quieran.
Ante esto, es difícil mantener la legitimidad de un proceso que se sostiene a través de decisiones políticas que no siguen las normas preestablecidas en la legislación electoral ni mucho menos respetuoso de los derechos, principios y valores democráticos contemplados en la Carta venezolana. Esta práctica hostil y sistemática hacia los partidos políticos opositores sólo busca obtener más ventajas y privilegios electorales al Gobierno nacional que afectarán, la validez de los resultados que se obtengan en las elecciones de concejos municipales.
Más irregularidades
No es menor que el CNE sigua aglutinando un conjunto de irregularidades que crea un clima de desconfianza sobre el venidero proceso electoral, entre otras razones:
1.-Falta de transparencia y desinformación acerca de las circunscripciones electorales que utilizará el órgano comicial para la escogencia de los integrantes de las cámaras municipales, así como la cantidad de concejales a elegir en las mismas y cómo se escogerán, situación en la cual podrían verse marginados los principios de representación proporcional y de personalización del sufragio (artículo 63 de la Carta venezolana).
2.- Nada hace pensar que el CNE vaya a reivindicar el respeto por el voto libre y voluntario imponiendo las sanciones a que hubiere lugar ante la intensificación de la práctica deplorable del uso del Carnet de la Patria por parte del Gobierno nacional como estrategia de movilización partidista para favorecer el oficialismo, tal como se vio en las elecciones presidenciales en las que imperó la política abusiva, corrupta y discriminadora del régimen de Nicolás Maduro.
3.-La falta de iniciativa por corregir e implementar mecanismos adecuados que garanticen el respeto por el carácter secreto del voto.
En las elecciones de gobernadores, alcaldes y presidenciales, este se vio marginado por las conductas ilícitas realizadas a través del voto asistido y otras prácticas. Ciertamente, esta situación pone en riesgo el carácter legítimo de la elección, que se verá agravada por un CNE indiferente a los reclamos, pero complaciente hacia las ideas y caprichos de los partidarios del Gobierno.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las elecciones municipales no resolverán los males que los venezolanos están padeciendo por la crisis humanitaria, pero se deben destacar las condiciones legales y de legitimidad en las que se cumplirán para evidenciar sus graves carencias.
Recordemos que una democracia no se define solamente por la realización de elecciones, sino porque en las mismas participen todos los partidos que representan la voluntad de los electores y que estos puedan ejercer su derecho al voto sin amenazas ni otros medios de control. Siendo así, la pregunta es evidente: ¿estamos en democracia?
Todos sabemos la respuesta.