El arzobispo de Santiago publica (y retira) una polémica instrucción para evitar los abusos del clero, publica El País.
Por ROCÍO MONTES
Santiago de Chile
Justamente cuando el Vaticano impulsa una limpieza histórica en la Iglesia chilena y la Fiscalía mantiene 126 causas abiertas por abusos sexuales contra menores cometidos por religiosos, la jerarquía católica del país sudamericano da muestra de una crisis profunda al publicar una instrucción dirigida a los sacerdotes en la que se les prohíbe los “abrazos demasiado apretados”, “dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales o el pecho”, “dar masajes”, “besar en la boca” o “recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes”. Firmado por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, imputado por encubrimiento, el manual nunca habla directamente de abusos sexuales, sino de “señales equívocas” o de “hechos dolorosos”. La Defensora de la Niñez chilena, Patricia Muñoz, confesó estar en “estado de shock” luego de leer el documento de nueve páginas que la Iglesia retiró de su web a las pocas horas a causa de la polémica. “Hay una falta de comprensión brutal”.
El documento se titulaba Orientaciones que fomentan el buen trato y la sana convivencia pastoral y, según explicaba Ezzati en la introducción, era un documento de trabajo preliminar que debía alcanzar una versión definitiva en abril de 2019. En el capítulo referido a las “muestras de afecto”, prohíbe a los sacerdotes “abrazar por detrás”, “luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada”, “cualquier expresión de afecto que el niño, niña, adolescente y personas vulnerables no aceptan y rechazan” y recomienda “utilizar el tacto solamente según lo apropiado o según lo permitido por la cultura local”. En otro de los apartados del manual se hace referencia a “las conductas que pueden ser malinterpretadas y que, por lo tanto, hay que evitar”. En esa línea, señala que los sacerdotes no deben “violar la privacidad, mirando o sacando fotos, mientras los niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables estén desnudos, se visten o se duchan” o “usar lenguaje inapropiado y soez”. “Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible”, indica el documento.
Al retirarlo de circulación este fin de semana, el arzobispado indicó que se trataba de un instrumento de trabajo hecho de acuerdo con estándares internacionales y que “se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos de forma literal y que no son adecuados o que se prestan para interpretaciones incorrectas”. “Presentamos las disculpas del caso y publicaremos una nueva versión en el más breve plazo”, agregaba el comunicado. A las víctimas les parece “vergonzoso”. “Demuestra claramente que la Iglesia no entiende nada de esta tragedia. Es indignante”, señala Jaime Concha, médico chileno de 55 años, que entre los 10 y los 17 sufrió abusos de religiosos en su colegio de la congregación marista. “No son muestras de cariño, sino delitos contra niños, niñas y adolescentes. Es lo que nos hicieron a nosotros cuando nos atacaron sexualmente”.
La crisis de la Iglesia se destapó con la visita del papa a Chile en enero, donde puso en duda la veracidad de las acusaciones de las víctimas. Francisco, sin embargo, se dio cuenta de su error y encargó una investigación, considerada histórica. Invitó a algunos de los que sufrieron abusos a su residencia para escuchar sus testimonios y convocó a la Conferencia Episcopal chilena al Vaticano, donde los 34 obispos tuvieron que presentar su renuncia. Hasta ahora, el Papa ha cursado siete dimisiones y ha decidido personalmente expulsar del sacerdocio por delitos sexuales a dos reconocidos religiosos. El sacerdote Cristián Precht, un icono de la lucha contra la dictadura, y Fernando Karadima, símbolo del clasismo, del apego de una parte de la Iglesia al poder económico y social, de la derecha doctrinaria que defendió el régimen militar de Pinochet. La limpieza que está llevando adelante Francisco y la arremetida de la Fiscalía chilena han alcanzado a religiosos de distintas fracciones de la Iglesia chilena que, a diferencia de otros países, está fuertemente ligada al proceso político nacional de las últimas décadas.
“CREÍA QUE NO LE PERTENECÍA A MIS PADRES SINO A MIS ABUSADORES”
La Fiscalía chilena lleva adelante una histórica causa penal por los abusos contra menores cometidos por miembros de la Iglesia. Mantiene abiertas 126 investigaciones, aunque el número aumenta con las horas gracias a los registros de las oficinas de la institución católica en diferentes lugares del país. La indagación alcanza a 221 sacerdotes y ocho obispos. Los fiscales no solo buscan determinar la responsabilidad de los autores de los delitos sexuales, sino que apuntan a la jerarquía del clero chileno por encubrirlos. El sacerdote investigado de mayor edad tiene 90 años. La mayoría de los abusadores son hombres, 210. Hasta ahora se han contabilizado 245 víctimas, la mayoría varones violentados entre los 11 y 15 años. Entre los religiosos extranjeros indagados por abusos sexuales se encuentran ocho españoles, tres italianos, tres colombianos, dos irlandeses, un boliviano, un peruano, un filipino y un coreano. Abel Pérez, un antiguo hermano marista de 71 años, español, tiene la mayor cantidad de víctimas: al menos 16.
“Desde que llegué al colegio a quinto básico, un grupo de religiosos comenzaron a marcarme. Llegué a creer como niño que había sido escogido y que no le pertenecía ni a mis padres ni a mí mismo, sino a mis abusadores. No sé cómo lo hice para sobrevivir”, señala el médico Jaime Concha sobre lo que vivió mientras estudiaba en el Instituto Alonso de Ercilla de la capital chilena: intentos de masturbación, tocamientos, besos forzados y violaciones. “Abel Pérez fue mi principal abusador, el más sistemático. Como todos los depredadores sexuales, en lo público era reservado, inteligente, disciplinado, pero en lo privado se transformaba, atacaba y se transfería la culpa. ‘Mira lo que me hiciste hacer’, me decía”. El hermano marista, que comenzó a ejercer de profesor de matemáticas en 1974, fue trasladado 15 veces de lugar en lugar y hasta 2010 estuvo en contacto con niños y adolescentes. Cuando confesó los delitos que cometió durante décadas, fue expulsado de la congregación en junio pasado y está imputado por la justicia.
De acuerdo con el fiscal regional Raúl Guzmán, que investiga los abusos cometidos por maristas, la causa es la de mayor extensión de las que se conocen hasta ahora en el país: “Tiene cerca de 25 imputados y una cincuentena de víctimas, de nueve años en adelante. Tenemos denuncias desde 1967 hasta 2017”. Según el fiscal, “que algunas víctimas visibilicen estos hechos ha motivado a otras a denunciar y a solicitar que se investigue. El derecho a saber la verdad no está sujeto a las reglas de prescripción”.