Las autoridades de Indonesia han dado por terminada la búsqueda de víctimas por el terremoto y posterior tsunami que causaron al menos 2.075 muertos hace dos semanas en el norte de la isla de Célebes, visitada hoy por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
EFE
Más del 75 % de las víctimas mortales se registraron en la ciudad de Palu, uno de los lugares supervisados por Guterres, que estuvo acompañado por el vicepresidente indonesio, Jusuf Kalla, en la zona, donde se cree que puede haber hasta 5.000 desaparecidos bajo los escombros.
“Aquí en Palu vi de primera mano la destrucción causada por los recientes terremoto y tsunami. A todas las personas que he visto y con las que he hablado: vuestra fuerza y resistencia son extraordinarias”, afirmó en un tuit el secretario general, quien se mostró “profundamente entristecido” al ver tanta gente sufriendo.
“La ONU está con vosotros para ayudar en las tareas de rescate y asistencia del Gobierno”, agregó Guterres, que esta semana asistió a la reunión del FMI y el Banco Mundial en la isla indonesia de Bali.
Naciones Unidas ha pedido 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) de ayuda urgente para los supervivientes de la catástrofe.
Las tareas de rescate llegan a su fin justo dos semanas después del seísmo de magnitud 7,5, que desencadenó un tsunami que se adentró casi medio kilómetro en algunos lugares.
El temblor también causó una licuefacción del terreno, fenómeno que ocurre cuando un suelo de tierra arenoso y con grandes bolsas de agua se quiebra y libera gran cantidad de barro, lo que genera un corrimiento de tierra en lugares que pueden ser llanos.
Así ocurrió en el barrio de Balaroa, en el oeste de Palu, y en la aldea de Petobo, unos 7 kilómetros al sureste, donde los jefes locales estiman que hay unas 5.000 personas enterradas, aunque la cifra oficial de desaparecidos asciende a 680.
En cualquier caso, las posibilidades de encontrar a alguien vivo bajo los escombros o el barro son casi inexistentes y los cadáveres son cada vez más difíciles de desenterrar debido a su avanzado estado de descomposición.
Las autoridades decidieron suspender la búsqueda de supervivientes ayer, pero a última hora ampliaron las tareas 24 horas ante la insistencia de los familiares de los desaparecidos.
El Gobierno convertirá las áreas más devastadas en zonas verdes y parques para la memoria, incluidos Balaroa, Petobo y Jono Oge, donde muchos cadáveres siguen sin desenterrar.
Cerca de la mitad de los muertos rescatados fueron enterrados en fosas comunes para, según los equipos de rescate, prevenir la aparición de epidemias, mientras que los heridos ascienden a 2.549 y unas 82.000 personas se encuentran desplazadas.
La Cruz Roja no recomienda las fosas comunes, ya que recuerda que los cadáveres no causan epidemias en situaciones normales, y aconseja almacenar los cuerpos en contenedores refrigerados o provistos de hielo seco, o enterrarlos de forma temporal para que puedan identificarse más adelante.
Poco después de la catástrofe, el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, reconoció que el sistema de boyas instalado tras el tsunami de 2004, que causó 226.000 muertos en una docena de países bañados por el océano Índico, no funcionó.
Los países enviaron en los siguientes días donaciones y ayuda humanitaria, aunque las autoridades indonesias impidieron la entrada a algunos equipos de rescatistas extranjeros, al carecer de los permisos oficiales.
Así le ocurrió a un equipo español de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), que llegó a Célebes el 5 de octubre y tuvo que volver a España al día siguiente al no recibir autorización para participar en las tareas de asistencia.
“Nadie deja de necesitar ayuda nunca en una situación como ésta”, dijo a Efe el presidente de BUSF Antonio Nogales, antes de salir de Palu, y Amnistía Internacional también criticó que la burocracia limite la entrada de ayuda en una crisis humanitaria.
Sin embargo, Sutopo ha insistido en que los equipos de ayuda deben coordinarse con las autoridades locales y precisó que el Gobierno solo necesita transporte aéreo, depuradoras de agua, generadores de electricidad y tiendas de campaña.
El portavoz explicó que algunos cooperantes extranjeros entraban con visados de turista y sin poder demostrar su formación en asistencia humanitaria, de acuerdo al diario The Jakarta Post.