“Exigimos que esta dictadura demuestre inmediatamente que están vivos todos sus presos o rehenes políticos, comenzando por el general Raúl Baduel y el capitán Juan Carlos Caguaripano de quienes, por un largo tiempo, ni sus defensores, familiares y relacionados saben absolutamente nada”, expresó en breve y contundente comunicado la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio.
Nota de Prensa
El documento de marras, igualmente, hace mención de casos como el de la Dra. Maryuri Medina, el teniente Peter Moreno, la señora Gloria Calderón (madre del teniente Luis Lugo) y los estudiantes Wilder Vásquez y Oswaldo Castillo, de quienes nada se sabe: “Resulta inconcebible que las autoridades correspondientes jamás respondan, afirmativa o negativamente, en relación al destino de los ciudadanos mencionados. Les importa un bledo a las tales Defensoría del Pueblo y Fiscalía General que se les note su manifiesta negligencia ante los lógicos requerimientos hechos por abogados, familiares y relacionados.
Los diputados de la 16 de Julio advierten sobre la flagrante violación de todos los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y, particularmente, de las personas reducidas a prisión bajo la dirección del Estado que así las reconoce.
“Las viejas dictaduras de Seguridad del continente, emplearon a fondo la práctica de las desapariciones forzosas, sin que reconociesen en momento alguno la captura o el secuestro de las víctimas sometidas a toda suerte de vejámenes o humillaciones, perdiendo incluso la vida misma. Sin embargo, perfeccionando tan perversa práctica, el régimen que actualmente padecemos los venezolanos, a pesar de admitir o reconocer que está bajo su intransferible responsabilidad la vida y la suerte de personas clara, plena e inequívocamente identificadas, las incomunica, no da ni la más ligera noticia de las condiciones de reclusión ni del paradero mismo, y tampoco responde a cualquier solicitud que se le haga en la materia, por formal que fuese. Es decir, una curiosa, morbosa e inédita modalidad de la figura de desaparición forzosa en manos del Estado que no sólo admite, sino que se regodea de tener prisioneros de consciencia. Y, no olvidemos, el caso también acarrea la responsabilidad penal y civil de todos los funcionarios que de un modo u otro contribuyen con sus acciones y omisiones al desarrollo de esta espantosa modalidad”.
Los diputados de la 16 de Julio insistirán en denunciar los casos citados en cualesquiera instancias nacionales e internacionales, observando que “el único que no se da por aludido es el propio Nicolás Maduro, el principal responsable de la situación planteada con olvido de aquello que dice: no hay mal ni Marx que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.