El Fiscal General de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, envuelto en un escándalo judicial de tráfico de sentencias, seguirá en su cargo luego de que una comisión del Congreso desestimara este lunes una acusación que pedía su destitución.
La Comisión Permanente del Congreso, controlada por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, se pronunció en contra de la acusación a Chávarry que impulsó el oficialismo por considerar que carecía de sustento.
La decisión envió al archivo la denuncia y le cerró así el paso a la posibilidad de que el pleno del Congreso debatiera su destitución.
El partido oficialista Peruanos Por el Kambio exigía la destitución y una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
La decisión a favor del fiscal recibió también el apoyo de legisladores del socialdemócrata Apra, el partido del expresidente Alan García (1985-1990/ 2006-2011).
El Fiscal Chávarry señaló en Twitter que “pese a las 300 portadas, cientos de horas de informes televisivos y millares de noticias falsas en Internet en mi contra, sigo firme porque soy un luchador. La verdad se abrirá”.
El respaldo de Fuerza Popular se produce en momentos en que su líder Keiko Fujimori está detenida desde el 10 de octubre, por un lapso de 10 días, mientras se la investiga por presuntos aportes por 1,2 millones de dólares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011. Se le acusa de lavado de activos.
Según la acusación, Chávarry cometió infracción a la Constitución al haber mentido sobre sus presuntos nexos con el empresario Antonio Camayo, vinculado con la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
“Las mentiras del Chávarry sí califican como una infracción constitucional. Me siento indignado por el archivo del informe”, dijo el congresista oficialista Juan Sheput tras la sesión.
Sheput consideró que el fiscal “es un personaje con extrañas relaciones con personajes que su propia institución investiga”.
El Congreso es el único que lo puede destituir.
La prensa local vincula a Chávarry con el fujimorismo, señalando que la bancada parlamentaria de esa agrupación decidió protegerlo.
Un informe de la fiscal Sandra Castro vinculó a Chávarry con jueces, fiscales supremos y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura -órgano que designaba a jueces y fiscales-, todos ellos supuesto integrantes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Chávarry asumió como Fiscal General por tres años el 20 de julio pese haber sido vinculado con dicha organización.
El escándalo de tráfico de favores y sentencias judiciales que le salpicó estalló el 8 de julio, con la difusión de comprometedores audios de conversaciones telefónicas de jueces.