Varios Estados partes del Estatuto de Roma han remitido la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que abra la investigación correspondiente, identifique a los autores de crímenes, los procese y castigue como lo pide la comunidad internacional que en 1998 se unió al adoptar el Estatuto de Roma para erradicar la impunidad por la realización de crímenes de esta naturaleza.
La Fiscal ha recibido muchos Escritos y ahora la remisión de los Estados, sin hasta ahora mover un dedo, cuando es su obligación hacerlo. Pareciera que a la Fiscal le cuesta mucho determinar si Venezuela es parte o no del Estatuto, o si realmente se han realizado en el país los crímenes hasta ahora denunciados o si la situación es verdaderamente grave que ha causado la migración forzada de más de cuatro millones de venezolanos.
Ella lo sabe y le consta, pero no actúa para concluir un Examen Preliminar que ahora perece superfluo ante la remisión por Estados partes. Difícil de entender la actitud de la señora Fiscal. Pareciera que su independencia y su autonomía no son tales, sino más bien “Bolivariana”, ya que con su silencio cómplice favorece al régimen y los crímenes.
La Fiscal se ha retratado con figuras del régimen, acusadas ante ella. Mantiene relaciones muy estrechas con la que funge de representante del Estado ante la Asamblea de Estados partes. Ojalá, para bien de la comunidad internacional y de la Corte, que no haya nada detrás de esa relación y de la actitud de la Fiscal.
Los Estados Partes pueden y deben exigirle a la Fiscal que precise las razones por las cuales hasta ahora no ha iniciado la investigación. No hay razones. La investigación, por lo demás, no afecta los intereses de la justicia. No hay ninguna causal de inadmisibilidad aplicable para que considere que no puede abrir la investigación.
La Sala de Cuestiones Preliminares y los Estados deberán solicitarle y exigirle una explicación, aunque lamentablemente el gobierno de Pedro Sánchez de España se opone a que se abra un proceso a los criminales de Lesa Humanidad que seguirían matando y lanzando por ventanas y balcones a quienes ejercen el derecho de oponerse y protestar las políticas criminales de un régimen corrupto como el de Nicolás Maduro.