Aunque más de 372 mil funcionarios presentaron en 2016 ante la Contraloría General de la República (CGR) el estado de sus cuentas personales para comprobar que no se apropiaron del dinero público, tal como lo exige la Constitución Nacional y la legislación correspondiente, el órgano de control solo sometió a verificación a dos trabajadores del sector público.
En un país como Venezuela donde los casos de corrupción han trascendido las fronteras, y que se mantiene en una situación catalogada ya como emergencia humanitaria,sigue siendo notorio el papel de la Contraloría General de la República, que por mandato constitucional debe investigar y evaluar a los órganos del Estado y sus funcionarios, para establecer las sanciones según sea el caso.
En ese 2016, de acuerdo a la información suministrada por la misma Contraloría General de la República, el porcentaje de verificación para establecer si hay o no corrupción en el ejercicio de los llamados servidores público fue de 0,0005%.
Es una situación que contrasta con el principio de rendición de cuentas en la gestión que exige con ahínco en el sitio web del organismo, el Contralor General de la República, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, quien ha sido señalado de responder a los intereses de gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Galindo Ballesteros ha sido acusado de nepotismo por incorporar en altos cargos del órgano que dirige a al menos una docena de familiares y allegados.
Sobre este funcionario pesan también las denuncias en torno a la inconstitucionalidad de su designación avalada solo por la mayoría simple del Parlamento el 22 de diciembre de 2014, cuando la Asamblea Nacional estaba en manos de chavismo. El artículo 279 de la Carta Magna que rige al país exige que tal nombramiento debe ser respaldado por las dos terceras partes de los parlamentarios.
La cultura de la transparencia se fue de viaje
En el portal de la Contraloría General de la República se lee en un comunicado del 3 de julio de 2018:
“La cultura de la transparencia y la rendición de cuentas contenida en la práctica de la Declaración Jurada de Patrimonio podría advertir cualquier mal entendido que produjeran las posesiones de un funcionario, lo cual pudiese poner bajo cuestionamiento su imagen y reputación”.
El artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la Administración Pública se fundamenta en los principios de “honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal deja claro en su artículo 51 que “la rendición de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos”.
El espíritu de esas disposiciones legales parece no cristalizarse en la realidad a juzgar por las cifras.
En Venezuela la rendición de cuentas por parte de organismos y entes del Estado se dejó de lado. Desde el año 2015 los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo no publican sus informes de gestión.
La revisión de la actuación de los funcionarios en 2016 es una muestra palpable de la falta de control. El órgano contralor recibió un total de 372.358 Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP) a través del Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en formato electrónico.
De ese total, 361.765 corresponden a funcionarios o empleados públicos: 124.690 por ingreso, 130.911 por cese en el ejercicio del cargo o función en los órganos y entes del poder público, y 106.164 por actualización.
A esas declaraciones se suman 8.432 que corresponden a integrantes de los denominados Consejos Comunales y 2.161 a integrantes de juntas directivas de sindicatos.
Los dos únicos procedimientos de verificación patrimonial iniciados, correspondientes al año 2016, según el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, se suman a 44 expedientes similares iniciados en años anteriores.
De esos 46 procedimientos, 39 apenas se encuentran en la etapa inicial de sustanciación y solo siete fueron concluidos.
En seis de estos casos se determinó “desproporción entre la situación patrimonial” de los funcionarios verificados y sus posibilidades económicas, lo que determinó fondos administrados no justificados que ascienden a Bs. 6.260.683,61. Solo uno de los funcionarios demostró que su patrimonio estaba en regla.
En 2015 la historia no fue distinta porque el porcentaje de verificación de los bienes que ostentan los funcionarios al servicio del Estado fue de 0,006%.
Ese año la CGR recibió 455.405 declaraciones juradas de patrimonio de las cuales 437.968 estaban desglosadas de la siguiente manera: 191.126 por ingreso, 140.100 por cese en el ejercicio del cargo o función en los órganos y entes del poder público y 106.742 actualizaciones. A estas se agregan 15.117 de representantes de los denominados Consejos comunales y 2.320 a integrantes de las juntas directivas de los sindicatos.
En ese período se iniciaron solo 27 procedimientos para verificar si los funcionarios podían justificar su modo de vida se ajusta a su nivel de ingresos.