“El decreto 2.248 firmado por Nicolás Maduro el 24 de marzo de 2016 constituye un decreto de guerra a muerte contra nuestras comunidades indígenas”, ratificó el presidente del Parlamento Amazónico (capítulo Venezuela), diputado a la Asamblea Nacional, Ramón Flores Carrillo, al instalar el foro “Impactos del llamado Arco Minero en los Pueblos Indígenas”, realizado este jueves en el salón Guaicaipuro, del edificio administrativo, del único Poder Legislativo legítimo del país.
Nota de prensa
El parlamentario denunció que los pueblos aborígenes están siendo afectados por la explotación del Arco Minero debido al empleo de cianuro y mercurio, elementos químicos que envenenan la principal reserva de agua del país.
Señaló que las comunidades indígenas asentadas principalmente en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, están siendo víctimas de una hambruna generalizada debido a la crisis económica que sufre el país, no obstante, “las consecuencias nefastas del mal llamado Arco Minero han potenciado la vulnerabilidad de estos hermanos venezolanos que también sufren por las enfermedades como la difteria, el paludismo y el sarampión, que los están diezmando sin que el Estado haga absolutamente nada para protegerlos”, indicó.
En su discurso de instalación del foro, Ramón Flores también dijo que desde el Parlamento Amazónico ha centrado su gestión en la protección de “la Amazonía en su totalidad, entendiendo esta región como una gran cuenca indivisible desde el punto de vista ambiental por ser fundamental para el presente y el futuro del planeta”.
Igualmente, el diputado informó que una vez que sean recopiladas y sustanciadas todas las evidencias sobre lo que ocurre actualmente en el Arco Minero, procederá a introducir una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) dado que “estamos en presencia de la ejecución de un crimen de lesa humanidad”, debido a la destrucción de nuestra biodiversidad “con el aval del régimen de Maduro”.